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El Gobierno admite que carece de herramientas para actuar sobre el centro de la Fundación Maestro Ávila en Arguiñano

Maeztu y Gimeno comparecieron en el Parlamento a petición de EH Bildu sobre la situación de unos 55 menores que reciben formación fuera del sistema educativo

  • Acceso a Argiñano, localidad de Guesalaz -

Conocen la situación desde 2014, se han girado varias inspecciones y han puesto el asunto en manos de Fiscalía. Pero ni el Departamento de Educación ni el de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra han podido ir más allá. Esa fue, en esencia, la respuesta que el consejero Carlos Gimeno y la consejera Carmen Maeztu trasladaron este viernes a la Comisión de Educación del Parlamento foral, donde comparecieron a petición de EH Bildu para explicar qué ocurre con los menores vinculados a la Fundación Maestro Ávila en el concejo de Arguiñano, en el valle de Yerri.

La parlamentaria de la coalición soberanista Eneka Maiz, grupo que impulsó la comparecencia, resumió el núcleo del problema: un centro escolar que no está registrado en la red de centros del Gobierno de Navarra, cuyo alumnado y profesorado no figuran en el sistema Educa, y cuyos alumnos obtienen titulaciones vinculadas a un centro del estado de Míchigan —el Klon Lara School— que luego se homologan como bachillerato español. Cuatro de esas homologaciones ya han sido concedidas, aunque el Ejecutivo foral estudia ahora su revocación.

"No podemos cerrarlo"

El consejero Gimeno fue directo: la normativa vigente no otorga al Departamento de Educación competencias para clausurar el centro, sancionar a las familias ni obligar a que se solicite autorización administrativa. La inscripción como centro docente privado es, por ley, voluntaria. "Toda la normativa educativa regula los centros inscritos, pero no contempla qué hacer con quienes no lo están", explicó.

Gimeno recordó que la última visita de inspección, realizada el 24 de febrero en el concejo de Arguiñano, constató que el centro —que opera bajo el nombre Santa María de los Milagros— atiende a 55 alumnos de entre 3 y 18 años, organizados en cinco agrupamientos. Los responsables del centro reconocieron ante los inspectores que no disponen de resolución administrativa española que reconozca sus enseñanzas, y que trabajan en la tramitación de un posible traslado a las instalaciones del antiguo colegio Anderas, que habrían adquirido recientemente.

Inspecciones previas, en 2015, 2016 y 2021, ya habían dejado constancia de condiciones deficientes: aulas descritas como "lúgubres" sin calefacción, ausencia de educación física y música, y un currículo centrado casi exclusivamente en contenidos religiosos, con materiales que la portavoz de Bildu identificó como la Enciclopedia Álvarez, utilizada durante el franquismo entre 1954 y 1966.

Derechos Sociales, sin datos para actuar

La consejera Maeztu explicó por su parte que la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia recibió en febrero un oficio de la Sección de Menores de la Fiscalía de Navarra interesándose por posibles situaciones de desprotección. Tras remitir la información disponible, Fiscalía archivó el expediente. El principal obstáculo, admitió Maeztu, es la imposibilidad de identificar a los menores concretos: sin datos personales de los menores y sus familias, no puede iniciarse ningún proceso de valoración de desprotección.

Ante esta situación, ambos consejeros anunciaron que solicitarán una reunión con la Fiscalía de Menores para explorar vías de actuación e invitarán al Ministerio Fiscal a incorporarse a las reuniones periódicas de coordinación entre Educación, Derechos Sociales e Interior.

Debate político cruzado

La comparecencia derivó en un tenso cruce entre grupos. Desde UPN, el parlamentario Angel Ansa centró buena parte de su intervención en condenar las "agresiones, amenazas y acoso" que, según dijo, habrían sufrido miembros de la comunidad por parte de colectivos de izquierda, lo que generó la réplica de varios grupos.

El PSN reclamó centrar el debate en el interés superior del menor. Geroa Bai y Contigo-Zurekin calificaron la situación de "aterradora" y reclamaron cambios legislativos para blindar la escolarización en centros homologados. El PP pidió al Gobierno que aclare adónde pretende llegar con su colaboración con Fiscalía.

La parlamentaria Maiz cerró su intervención reclamando al Gobierno "una intervención integral e interdepartamental más intensa" y anunció un seguimiento exhaustivo del asunto.

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