Habitaciones triples y cuádruples que el centro llevaba meses obligado a eliminar y que, en la última visita de los inspectores, seguían exactamente igual. Esa fue la comprobación que el pasado 16 de diciembre llevó al Gobierno de Navarra a iniciar el procedimiento para retirarle a Vida Nueva, en Ciriza, su autorización como centro residencial de inclusión social. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha explicado este martes en el Parlamento los detalles de ese expediente, en respuesta a una pregunta de EH Bildu formulada después de que un juzgado de Pamplona admitiera a trámite tres denuncias contra el centro por hechos que podrían constituir hasta diez delitos, entre ellos tortura, trata de personas con fines de explotación laboral y organización criminal.
Una investigación judicial al margen del Gobierno
Maeztu ha sido clara en un punto: el Gobierno de Navarra no es parte en el procedimiento judicial y no dispone de información sobre las denuncias presentadas, conocidas a través de los medios de comunicación. Si la autoridad judicial determina algo en el futuro, ha señalado, la administración actuará en consecuencia.
Desde 2016, el departamento ha realizado seis inspecciones al centro, la última el 16 de diciembre de 2025. En ninguna de ellas, ha insistido la consejera, se ha detectado ningún ilícito penal. Sí se constataron, sin embargo, incumplimientos administrativos: ya en una inspección anterior se detectó que el centro incumplía el Decreto Foral 92/2020, que limita a dos plazas el número de personas por habitación. Se le dio de plazo hasta marzo de 2025 para adaptarse, junto con otros requerimientos sobre el procedimiento de ingreso y la solicitud de determinados informes médicos a las personas residentes.
Sin cambios, llega la revocación
Comprobado en diciembre que las habitaciones seguían sin modificarse, inspección abrió el expediente de revocación, formalizado mediante una orden foral del pasado mes de abril. La consejera ha precisado que esto no implica el cierre del centro: Vida Nueva es una entidad de iniciativa privada que nunca ha tenido plazas concertadas, y la revocación únicamente supone su baja del registro de servicios sociales, no el cese de su actividad. En la última inspección, el centro acogía a 29 hombres, 14 mujeres y seis menores de edad.
Sin protocolo de derivación
El portavoz de EH Bildu, Javier Arza Porras, ha señalado una contradicción: mientras el Gobierno aseguraba que no existe ningún protocolo de derivación hacia el centro, las propias actas de inspección recogen que el contacto se produce también por derivación de servicios sociales de base, hospitales o centros de salud.
Preguntada por si el departamento ha indicado a la red de servicios sociales que no oriente a nadie hacia Vida Nueva, Maeztu ha respondido que, al no existir un protocolo de derivación formal, no se ha emitido ninguna instrucción al respecto.
