La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha presentado este viernes la proposición de ley registrada por su formación en el Parlamento de Navarra para reformar la normativa de la Renta Garantizada. La iniciativa plantea un endurecimiento de los requisitos de acceso, una limitación temporal de la prestación y nuevas obligaciones vinculadas a la búsqueda de empleo.
Ibarrola ha defendido que la propuesta mantiene la “solidaridad con las personas más vulnerables que atraviesan un mal momento”, pero ha subrayado la necesidad de reformar el sistema para que cumpla con su objetivo de favorecer la inclusión social y laboral de quienes perciben la ayuda.
Entre los cambios planteados, UPN propone que para acceder a la Renta Garantizada sea obligatorio encontrarse en situación administrativa regular y no contar con antecedentes penales por delitos como homicidio, lesiones, delitos contra la libertad sexual, robos con fuerza o intimidación, contra la salud pública, atentado a la autoridad, o resistencia y desobediencia grave.
La reforma también introduce un límite temporal a la prestación. Según la propuesta, la ayuda solo podría percibirse durante un máximo de tres años: el primer año se cobraría el 100% de la cuantía, el segundo el 70% y el tercero el 50%, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas. “Queremos evitar la cronificación de la situación de perceptor de ayudas y corregir factores que desincentivan la búsqueda de empleo”, ha explicado la presidenta regionalista.
En el ámbito de la inserción laboral, la proposición establece como obligatoria la participación desde el inicio en un programa personalizado de inclusión sociolaboral, asignando por ley a cada beneficiario un profesional de los Servicios Sociales de Base. Actualmente, esta participación depende de la solicitud del propio perceptor.
Además, la iniciativa contempla nuevas obligaciones para mantener la prestación. Entre ellas, no rechazar ofertas de empleo salvo causas justificadas, mantener actualizada la situación de antecedentes penales, garantizar la escolarización de los menores a cargo en edad obligatoria y acreditar conocimiento del español.
El texto también prevé que el rechazo de una oferta laboral, la condena por determinados delitos o haber causado baja voluntaria o excedencia en un empleo puedan suponer la extinción automática de la prestación.
Otra de las medidas incluidas en la propuesta es la creación de un servicio de inspección encargado de revisar de forma continua el cumplimiento de los requisitos para percibir la renta y prevenir posibles fraudes, con la realización de auditorías anuales. Asimismo, se plantea endurecer el régimen sancionador ampliando las causas y los periodos de suspensión de la ayuda ante infracciones leves, graves o muy graves.
Finalmente, UPN propone que el Gobierno de Navarra establezca en el plazo de un año límites máximos al conjunto de ayudas públicas que pueda percibir una persona o unidad familiar vulnerable. Estos topes incluirían, además de la Renta Garantizada, otras prestaciones, ayudas o subvenciones públicas, con el objetivo —según recoge el texto— de “ordenar el sistema de protección social y garantizar una adecuada proporcionalidad en el acceso a los recursos públicos”.
