La reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Navarra con el apoyo de sus socios de EH Bildu ha superado este viernes un nuevo trámite parlamentario. La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento foral ha finalizado la votación de las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, incorporando un total de diez enmiendas —cuatro de ellas in voce— que permitirán elevar el texto al Pleno del próximo jueves 18 de diciembre, donde se debatirá y votará de forma definitiva junto al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2026.
Todas las enmiendas aprobadas han sido presentadas por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin, mientras que las 23 enmiendas registradas por UPN y PPN —15 y 8, respectivamente— han sido rechazadas. En varios de los acuerdos el respaldo ha sido unánime, aunque en otros se han evidenciado las diferencias entre los grupos que sustentan la mayoría parlamentaria y la oposición.
El objetivo central de la ley foral, según se ha subrayado durante la tramitación, es adaptar el sistema tributario navarro a la realidad económica y social actual, avanzando en progresividad fiscal, reforzando la justicia tributaria y utilizando los impuestos como palanca para incentivar comportamientos empresariales socialmente responsables, todo ello acompañado de ajustes técnicos para mejorar la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.
En el ámbito del IRPF, el texto incorpora medidas dirigidas a aliviar la carga fiscal de las rentas más bajas. Se eleva hasta los 17.000 euros anuales el umbral de rendimientos del trabajo que exime de la obligación de presentar la declaración, se incrementa la deducción por rendimientos del trabajo para contribuyentes con ingresos netos inferiores a 17.500 euros y se refuerza el mínimo personal para rentas de hasta 32.000 euros, con un impacto más acusado en los tramos inferiores. A ello se suma el aumento de la deducción por pensiones de viudedad y jubilación, con el objetivo de complementar las pensiones más bajas hasta los 15.400 euros anuales.
La ley también introduce nuevas exenciones fiscales para situaciones consideradas socialmente sensibles, como las indemnizaciones a víctimas de la talidomida y del amianto o las compensaciones a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica. Además, se establece la exención de determinadas ayudas a transportistas, con un límite máximo de 20.000 euros.
Uno de los ejes más relevantes del texto se sitúa en el Impuesto sobre Sociedades. La principal novedad es la creación de un tipo reducido del 25 %, frente al general del 28 %, para aquellas empresas que acrediten un compromiso social y laboral elevado. Entre los requisitos figuran el mantenimiento del empleo, la no aplicación de ERTE por causas económicas, la ausencia de sanciones graves en prevención de riesgos laborales y el cumplimiento efectivo de la normativa de igualdad entre mujeres y hombres. La medida pretende, según la exposición de motivos, convertir la fiscalidad en un instrumento al servicio del interés público y premiar a las empresas que apuestan por empleo de calidad, entornos laborales seguros e igualdad efectiva.
Junto a ello, se refuerzan las deducciones por inversiones en vehículos eléctricos industriales, se impulsa la fiscalidad favorable a las producciones audiovisuales y se establecen límites a la tributación mínima para garantizar una aportación efectiva de las empresas. Destaca también la incorporación de una nueva deducción por inversiones en descarbonización, con un incentivo del 15 % para aquellas actuaciones que logren una reducción significativa del consumo energético.
Las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tienen un carácter esencialmente técnico, orientado a armonizar criterios de valoración y dotar de mayor coherencia al sistema. En paralelo, se refuerzan las herramientas de lucha contra el fraude y se actualiza la normativa a las exigencias europeas, ampliando las obligaciones de información sobre cuentas financieras y criptoactivos, que pasan además a ser bienes embargables, con prioridad tras el dinero en efectivo.
El proyecto incorpora asimismo el carácter prioritario de determinadas actividades de mecenazgo cultural vinculadas a la tercera edición de los Encuentros de Pamplona/Iruñeko Topaketak 2026 y al Año Santo Jacobeo 2027, con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada y reforzar la proyección cultural y turística de Navarra.
Con la tramitación en comisión ya concluida, el proyecto de ley queda listo para su debate final en el Pleno del Parlamento foral, donde el próximo 18 de diciembre se decidirá definitivamente el alcance de una reforma fiscal llamada a marcar el rumbo tributario de Navarra en los próximos años.
