El Ayuntamiento de Pamplona anunció este lunes la puesta en marcha del Equipo de Detección y Atención a la Exclusión Residencial (EDAER), dotado con 140.500,63 euros para el segundo semestre de 2026. Este dispositivo especializado prestará atención integral a personas en situación de calle, familias con menores, residentes en infraviviendas y hogares en riesgo de desahucio, con el objetivo de abordar de forma integral, proactiva y personalizada las situaciones de vulnerabilidad habitacional más severas detectadas en el municipio.
El proyecto se consolida tras la experiencia piloto desarrollada desde finales de 2025 hasta mayo de 2026, financiada mediante un convenio con el Gobierno de Navarra, que aporta 103.449,69 euros para el último semestre de 2026. El programa responde a la necesidad de abordar situaciones de calle, infravivienda, hacinamiento, subarriendos informales, dificultades de acceso al padrón y amenazas de desahucio. Basado en la tipología europea sobre el sinhogarismo ETHOS, EDAER se configura como un servicio interdisciplinar capaz de actuar tanto en la urgencia como en la prevención y el acompañamiento hacia la autonomía.
El concejal de Acción Social, Txema Mauleón Echeverría, destacó en rueda de prensa la importancia de consolidar este programa, que no solo busca atender el sinhogarismo, sino que incide también en la prevención de la pérdida de vivienda y en la mejora de la convivencia ciudadana.
Cuatro líneas de intervención con perspectiva de género
El programa EDAER se articula en torno a cuatro líneas principales de intervención. La primera se centra en personas en situación de calle y asentamientos, en coordinación con el equipo de calle, para gestionar el empadronamiento social y derivar a recursos habitacionales. La segunda atiende a familias con menores en situación de calle, a las que ofrece atención urgente y prioritaria, con valoración del riesgo de desprotección infantil.
La tercera línea se dirige a personas que viven en infraviviendas, bajeras, trasteros o vehículos, realizando visitas de inspección junto a Policía Comunitaria, evaluando las condiciones de habitabilidad y valorando planes de mejora o realojo. La cuarta línea trabaja en la prevención de la pérdida de vivienda, con la activación de prestaciones de emergencia, mediación vecinal y seguimiento para evitar el sinhogarismo.
El proyecto integra de manera transversal la perspectiva de género, con el fin de identificar el sinhogarismo oculto que afecta de forma diferenciada a las mujeres. Entre sus prioridades figura garantizar itinerarios específicos de protección y apoyo a mujeres en exclusión residencial, familias monomarentales y víctimas de violencia machista. Para desarrollar todas estas acciones, el equipo cuenta con una figura de gestión administrativa a jornada completa, dos figuras de trabajo social (una a jornada completa y otra a un cuarto de jornada) y tres figuras técnicas de nivel B al 100% de jornada.
Un diagnóstico sobre la vivienda inadecuada e insegura en Pamplona
Según la memoria elaborada por EDAER durante la experiencia piloto desarrollada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, el 8,5% de las familias atendidas en los servicios sociales de Pamplona se alojan en viviendas inadecuadas, mientras que el 34,3% vive en viviendas inseguras.
Por vivienda insegura se entiende la situación de personas que viven acogidas por familiares sin tenencia legal, en ocupación ilegal, bajo amenaza de desahucio, o bajo amenazas de violencia por parte de la pareja o algún familiar. Por vivienda inadecuada se entiende, por su parte, la de aquellas personas que residen en estructuras temporales no convencionales, como caravanas, vehículos, chabolas, bajeras o edificaciones no pensadas para uso residencial, o que viven en condiciones de hacinamiento extremo.
El perfil más habitual de las personas afectadas corresponde a familias de origen migrante, mujeres con familia monoparental y menores. Según el informe, una de cada tres personas afectadas es menor de edad, dos de cada tres familias afectadas son de origen extranjero, y existe una sobrerrepresentación de familias monoparentales encabezadas por mujeres con hijos a cargo.
Los datos del informe se han obtenido a través de las Unidades de Barrio, con información procedente de más de 1.300 unidades familiares atendidas por los servicios sociales, que incluyen a más de 2.600 personas, mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo que ha combinado entrevistas directas a personas afectadas con el trabajo coordinado junto a profesionales y entidades del tercer sector. El objetivo del estudio ha sido dimensionar esta realidad y situarla en el centro de la acción pública municipal.
Uno de los mensajes clave del informe es que vivir en estas condiciones genera una inseguridad permanente que afecta a todas las dimensiones de la vida cotidiana. Las viviendas inseguras e inadecuadas se asocian a un deterioro de la salud física y mental, a dificultades para la crianza y el adecuado desarrollo de los menores, a problemas de convivencia, y al bloqueo del acceso a derechos básicos como el empadronamiento y el empleo. Muchas personas, según el estudio, permanecen largo tiempo en estas situaciones como estrategia para evitar escenarios aún más graves, como la pérdida total de alojamiento.
