A lo largo de las últimas semanas, y al calor del debate suscitado por una iniciativa parlamentaria y una convocatoria de huelga general, mucho se está discutiendo sobre la posibilidad de legislar Salarios Mínimos Interprofesionales en las Comunidades Autónomas. La cuestión de los SMI autonómicos es una cuestión que, para su estudio político, requiere de un análisis materialista de la dinámica capitalista española.
En el Estado español existen grandes brechas estructurales a nivel socioeconómico e industrial, perpetuadas a lo largo de las últimas décadas. Territorios como Navarra, la CAV o Cataluña cuentan con una situación privilegiada en comparación con otras regiones como Andalucía, Extremadura o las dos Castillas. Ello no es fruto de la casualidad. La dinámica capitalista española, de la mano de los intereses de las burguesías vasca, catalana o castellana a lo largo del último siglo o siglo y medio, generó un desarrollo asimétrico de nuestro país. Un proceso que, asumido y normalizado por el régimen autonómico desplegado por la Constitución de 1978 y las políticas neoliberales implementadas por el PP, el PSOE y la Unión Europea, ha dado lugar a grandes desigualdades entre las familias trabajadoras españolas. Grandes desigualdades sociales y económicas -dependiendo del código postal de residencia- que no se pueden ni obviar ni tampoco negar.
El fortalecimiento económico e industrial de las antes mencionadas Navarra, la CAV o Cataluña se edificó y se sigue edificando sobre el sacrificio de territorios como Andalucía, Extremadura o las Castillas. Sin ir más lejos, en nuestra tierra, esta cuestión se evidenció de manera notable a partir de la segunda mitad del siglo XX. El potente desarrollo industrial que vivió la Comunidad Foral esas décadas lo sustentaron los miles y miles de trabajadores andaluces, extremeños y castellanos que vinieron a trabajar a la incipiente industria aquí levantada. De hecho, a nadie se le escapa que buena parte de los navarros y navarras de hoy somos hijos o nietas de esa migración interna española.
Para la izquierda alternativa y transformadora, el garantizar la igualdad de oportunidades y objetivos a las familias trabajadoras de nuestro país es una demanda irrenunciable, más si cabe, en el contexto de esas grandes brechas estructurales y desigualdades que existen en el Estado español. Es en este marco y en esta lucha donde toma una importancia vital el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que dicta que es el Gobierno central quien fija anualmente el Salario Mínimo Interprofesional que afectará a todos los españoles y a todas las españolas.
La propuesta de reforma de ese apartado para permitir establecer SMI autonómicos, aunque aparentemente busca ampliar retribuciones salariales de manera asimétrica, sin lugar a dudas generaría evidentes dualidades en el mercado laboral español y, a su vez, en las condiciones laborales de la clase obrera. Una consecuencia directa que, a pesar no estar entre los objetivos de quienes reivindican un SMI autonómico, supone mucho más que un simple daño colateral para miles de familias trabajadores de nuestro país.
Hagamos una serie de reflexiones. ¿En qué territorios se estaría en mejor disposición para negociar y acordar esos SMI autonómicos? Evidentemente en aquellos históricamente privilegiados: donde existe un sector industrial más potente o en aquellos donde, como la Comunidad de Madrid, el capital financiero tiene una mayor concentración. Es en estas autonomías, además, donde existe un mayor índice de sindicación y donde los sindicatos de clase tienen un músculo organizativo adecuado para negociar con la patronal y con la Administración pública.
Por contra, ¿en qué territorios se estaría en peor disposición para negociar y acordar esos SMI autonómicos? Evidentemente en los históricamente sacrificados: los ya citados Andalucía, Extremadura o las dos Castillas, porque son las regiones donde existe un menor y más débil sector industrial, donde existe un menor índice de sindicación y, por tanto, donde tienen menor capacidad para hacer frente al gran empresariado.
La conclusión es obvia: esta propuesta lejos de ser beneficiosa para el conjunto de la clase obrera, podría ahondar en las desigualdades que ya existen entre las familias trabajadoras de nuestro país.
Esta iniciativa, además, se integra dentro de esa filosofía económica que, huyendo de la redistribución de la riqueza entre autonomías, apuesta por lo que se ha denominado ordinalidad: un principio de financiación que establece que quien mayor capacidad fiscal tenga deba recibir también más financiación, haciendo desaparecer esa solidaridad interterritorial que mitiga en parte esa malévola dinámica capitalista española a la que ya nos hemos referido.
Pues bien, desde la izquierda transformadora rechazamos esa ordinalidad dentro del marco del sistema de financiación autonómica y volvemos a hacerlo ahora, a cuenta del debate sobre el SMI. Lo repetimos una y mil veces: es un modelo injusto que perpetua las desigualdades y que fulmina la igualdad ya no entre territorios, sino entre las personas.
Otro de los argumentos esgrimidos por los defensores de la implantación de los marcos salariales propios es el que habla de una mayor carestía de la vida en zonas como Navarra o la CAV, obviando que en estos dos territorios, junto otra vez a Cataluña y la Comunidad de Madrid, residen los niveles salariales más altos de este país. Nuevamente, se agranda la brecha territorial: los salarios más elevados coinciden con esas zonas de alta densidad industrial o financiera. La vieja dinámica capitalista, más viva que nunca en el territorio español.
Para las trabajadoras y trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, que son las más precarizadas de la cadena laboral, las que no cuentan con la protección de un convenio colectivo -unas 80.000 en Navarra-, se deben articular medidas de protección social asimétrica desde los marcos autonómicos y estatal, sin ahondar en las desigualdades estructurales.
Actualmente, el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores ya posibilita la negociación y la firma de convenios interprofesionales e intersectoriales. En ese ámbito de la negociación colectiva es donde se pueden conseguir salarios mínimos intersectoriales que lancen hacia arriba los suelos recogidos en los convenios. Ésta sí es una lucha clave, una herramienta útil para la case trabajadora que debería suscitar consenso sindical.
Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país necesitan marcos de protección fuertes y potentes. Y para defender esos marcos la mejor herramienta es la unidad sindical, social y política de las organizaciones de izquierda.
Hoy, en nuestro país, contamos con un SMI de 1.221 euros en 14 pagas. Una cuantía, vale la pena recordarlo, que desde que existe el Gobierno de coalición progresista se ha visto disparado desde aquellos exiguos 736 euros del año 2018. Aun y todo, es obvio que este incremento resulta absolutamente insuficiente. El conjunto de la sociedad tiene que hacer suya la reivindicación de la Carta Social Europea que contempla que el SMI debe ser, como mínimo, el 60% del salario medio neto del país.
Para conseguir este objetivo, el fortalecimiento de la movilización es fundamental, pero sin parcializar los marcos de lucha o de reivindicación en los territorios.
La mejora de las condiciones materiales de vida que se merece la mayoría social trabajadora de todo el país pasa por una mayor amplitud de miras. Actuar localmente, sí, pero dentro de una estrategia diseñada a nivel global. El capitalismo hace décadas que se globalizó, no caigamos en localismos quienes hoy nos llamamos anticapitalistas.
Más aún, en el contexto actual resulta más interesante que nunca recuperar una demanda histórica de la izquierda política y sindical continental: fijar un SMI europeo. Una propuesta transformadora y antagónica a lo defienden hoy algunos sectores sindicales navarros. Un Salario Mínimo Interprofesional comunitario que garantizaría la igualdad de oportunidades y de objetivos de la mayoría social europea, evitaría dumpings y competencias territoriales dentro de un marco socioeconómico que teóricamente aspira a ser similar, sin olvidar el fortaleciendo que supondría para los sindicatos de clase europeos frente a los grandes poderes neoliberales de la Unión.
Carlos Guzmán Pérez, Coordinador General de Izquierda Unida de Navarra y Portavoz Parlamentario de Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa
