La propuesta urbanística para la parcela situada en la avenida de Bayona, 38, en el barrio pamplonés de San Juan, ha generado inquietud entre vecinos de la zona, que cuestionan el incremento de edificabilidad planteado y advierten de lo que consideran un posible «pelotazo urbanístico». En un comunicado, residentes de las avenidas de Bayona y Martín Azpilicueta reclaman al Ayuntamiento de Pamplona que analice el proyecto «con el rigor necesario y desde la perspectiva del interés general».
El origen de la polémica se sitúa en el proceso de elaboración del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) para esta parcela, actualmente propiedad de la sociedad Bayona 38 S.L. Según explican los vecinos, la propuesta contemplaría la construcción de una torre de entre 13 y 16 plantas —«o incluso hasta 20 plantas, según se ha llegado a mencionar en algún momento»— a cambio de la cesión de varias plantas para un equipamiento público tipo Civivox y la construcción de algunas viviendas de protección oficial.
En su escrito, los residentes consideran que la compensación planteada es insuficiente. «La cesión propuesta no puede considerarse una compensación adecuada ni equivalente», sostienen, al entender que el espacio ofrecido para el Civivox tendría «una superficie aproximada de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados, claramente inferior a la de los Civivox existentes en Pamplona».
Asimismo, advierten de que el equipamiento proyectado «no cumple de manera real y efectiva la función social, cultural y comunitaria propia de los Civivox de la ciudad» y critican que la intensificación edificatoria se utilice como argumento para justificar el proyecto. «La cesión propuesta se utiliza como argumento justificativo de una intensificación edificatoria desproporcionada, sin aportar una dotación pública equiparable ni responder de forma acreditada al interés general», señalan.
Los vecinos también cuestionan la falta de información técnica suficiente durante el proceso de participación ciudadana previo al PEAU. En este sentido, aseguran que no se han presentado estudios detallados sobre aspectos como «el soleamiento y las sombras proyectadas sobre los edificios colindantes», el impacto ambiental y energético, la integración urbana o la repercusión sobre infraestructuras, servicios y movilidad.
Además, advierten de posibles afecciones derivadas de las obras previstas. El incremento de alturas y la construcción de varias plantas bajo rasante implicarían excavaciones profundas en un entorno urbano consolidado, lo que, a su juicio, podría generar «riesgos relevantes asociados a la presencia de niveles freáticos, a la estabilidad del terreno y a posibles afecciones estructurales en las edificaciones cercanas».
En su comunicado, los residentes insisten en que el proyecto debe evaluarse con transparencia y con criterios de interés público. «No se acredita adecuadamente el interés general, se rompe el equilibrio urbano, se generan beneficios para unos pocos y se imponen perjuicios permanentes para una parte significativa de la ciudadanía», concluyen.
