El órgano fiscalizador ha señalado que esta problemática no es nueva, ya que en informes anteriores, desde 2018, se alertaba sobre la persistencia de gastos presupuestarios relacionados con contratos cuya vigencia había expirado. No obstante, las cifras actuales muestran una escala considerable, con el mayor impacto registrado en el Departamento de Salud, que concentra 83,37 millones de euros en 2023 y acumula 398,30 millones desde el fin de los contratos correspondientes. Otros departamentos afectados incluyen Universidad, Innovación y Transformación Digital, con 14,16 millones, y Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, con 13,04 millones.
Causas y medidas legales insuficientes
La Cámara atribuye esta situación a diversas causas, como retrasos en el inicio de nuevos expedientes de contratación, recursos administrativos y judiciales interpuestos, y dificultades operativas. A pesar de que la Ley Foral de Contratos Públicos (LFCP) fue modificada en 2022 para permitir prórrogas de hasta nueve meses bajo determinadas circunstancias, el impacto de estas medidas ha sido insuficiente para resolver el problema estructural.
Tendencias y evolución
El informe también muestra una leve reducción del 20 % en el gasto sin soporte contractual en 2023 respecto a 2022, aunque el número de contratos afectados aumentó un 5 %, pasando de 175 a 184. A largo plazo, el gasto medio anual en esta situación durante el periodo 2018-2023 asciende a 218,40 millones de euros, lo que evidencia la magnitud del problema.
La Cámara de Comptos subraya la importancia de que el Gobierno de Navarra adopte medidas estructurales y urgentes para regularizar estas prestaciones y evitar que continúe la ejecución de servicios sin el respaldo adecuado, lo que podría comprometer la transparencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos.
El informe completo está disponible en la sede electrónica de la Cámara de Comptos
