El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado el recurso presentado por la parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, contra la denegación por parte del Gobierno foral de documentación relacionada con las empresas vinculadas a la trama Koldo.
En concreto, pedía que se le facilitara una relación de todos los contratos celebrados por el Ejecutivo navarro y sus empresas y fundaciones públicas en los que se hubiera podido subcontratar a alguna de 12 empresas relacionadas con dicha trama.
En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN condena al Gobierno de Navarra a facilitar a la parlamentaria esta información que le denegó con la justificación de que la buscara por sí misma en el Portal de Contratación o en dependencias de la Administración de entre 3.500 contratos públicos.
La Sala, que además ha condenado en costas al Gobierno, ha considerado esta denegación nula de pleno de derecho, “pues se ha producido una restricción ilegítima de los derechos y facultades de la parlamentaria”.
A este respecto, la sentencia abunda en que “conculca el derecho fundamental contenido en el artículo 23.2 de la Constitución Española”, que consagra el derecho a la participación política efectiva.
Desde UPN, han manifestado su satisfacción con la sentencia y han denunciado “una nueva muestra de falta de transparencia y oscurantismo del Gobierno de Navarra con todo lo que tiene que ver con los escándalos de la compra de mascarillas”.
Así, critican que “el Gobierno de Chivite ha intentado torpedear nuestra labor de control desde el primer día, dando la impresión de tener mucho que esconder en este tema”.
