Se fijará un nuevo calendario para que se pueda celebrar el juicio en la sede de San Fernando de Henares, que dispone de salas amplias
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que celebra el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede nacional del PP con dinero procedente de la ‘Caja B’, ha acordado este jueves dejar sin efecto las sesiones planificadas para los días 1, 2, 3 y 4 de marzo, y fija como nueva fecha el 8 de marzo para que pueda tener lugar en la sede de San Fernando de Henares. La razón es que en esa sede, con salas que permiten mayor aforo, se puede cumplir con las condiciones de salud pública fijadas por el protocolo por la pandemia por Covid.
El tribunal, presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón, señala en la providencia que acuerdan como nuevas fechas el 8, 9, 10 y 11 de marzo, y que posteriormente comunicarán a las partes interesadas el resto del calendario.
Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, apuntan que a partir de ahora se fijarán fechas atendiendo a la posibilidad de tener sala en San Fernando, ya que los espacios en la sede de Génova son más reducidos, sólo permiten un aforo de 12 personas sin contar público y periodistas.
En esta vista oral, de la que sólo se han celebrado dos sesiones y que se aplazó a la espera de que uno de los acusados, Cristóbal Páez, se recuperara tras sufrir Covid, participan entre magistrados, acusados, acusaciones, defensas, Abogacía del Estado y Fiscalía un total de 27 personas. Por lo que en ningún caso podrán celebrar las sesiones en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova, de acuerdo al protocolo.
LA REFORMA DE LA SEDE DEL PP EN LA CALLE GÉNOVA
En esta vista oral se dilucida si el PP destinó fondos procedentes de la presunta ‘Caja B’ para pagar la reforma de su sede nacional en la calle Génova de Madrid, pero no se pone el foco en la donaciones finalistas anotadas en los denominados ‘papeles de Bárcenas’, cuya investigación se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
El juicio, que lleva pendiente de celebración casi seis años desde que el ex juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordara la apertura de juicio oral, se inició tras conocerse el envío de un escrito de Bárcenas a Anticorrupción en el que se mostraba dispuesto a colaborar en varias causas.
El Ministerio Público pide en este caso para Bárcenas otros cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel.
Por estos hechos también se sentará en el banquillo de los acusados el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez, para quien Anticorrupción pide un año y medio de cárcel. Y está acompañado de los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
También se sienta en el banquillo de los acusados la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares. En el caso de Álvaro Lapuerta, estaba acusado en esta causa, pero se archivó con respecto a él por «demencia sobrevenida» dos años antes de fallecer.
EL PP, DE NUEVO AL BANQUILLO
En cuanto al PP, vuelve a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.
