La Guardia Civil, en una ambiciosa estrategia de protección del medio ambiente, ha desarrollado a nivel nacional la operación Zahorí. Este dispositivo, liderado por el Seprona y unidades de Seguridad Ciudadana, ha permitido identificar un total de 941 infraestructuras ilegales destinadas a la captación y acumulación de recursos hídricos. Las actuaciones, realizadas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, se han saldado con 31 personas investigadas por delitos de distracción de aguas y daños a los recursos naturales.
Radiografía de las captaciones clandestinas
El despliegue ha revelado que la mayoría de estas instalaciones fraudulentas, concretamente el 60 %, corresponden a pozos, seguidos por un 24 % de sondeos y un 4 % de balsas. El 12 % restante abarca derivaciones o trasvases artificiales que operaban sin autorización. En total, se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, evidenciando un grave incumplimiento de la normativa vigente en materia de aguas.
Intervenciones clave en Huelva, Madrid y Murcia
La operación ha dejado intervenciones destacadas por su impacto económico y ecológico. En la operación Subterra, desarrollada en el entorno de Doñana, se localizaron extracciones que afectaban directamente a la corona forestal del parque nacional. Por su parte, en Las Rozas (Madrid), la operación Bredo descubrió sondeos con sistemas de bypass diseñados para evitar el registro de los contadores, con un fraude estimado en 1,6 millones de euros desde el año 2002.
Otro golpe relevante tuvo lugar en Mazarrón (Murcia), donde la operación Land Change investigó la transformación ilegal de 47 hectáreas de secano en regadío. En este caso, la valoración del daño medioambiental ecosistémico asciende a más de 2,9 millones de euros.
El alto coste del expolio hídrico
La relevancia de la operación Zahorí reside en la peritación técnica de los daños. Los informes elaborados por los especialistas valoran en más de 270 millones de euros los perjuicios ocasionados al Dominio Público Hidráulico en todo el país. Esta cuantificación es fundamental para la calificación jurídica de los delitos contra la ordenación del territorio y los recursos naturales, especialmente en un contexto crítico de escasez hídrica y sequía.
