El Tribunal Administrativo de Navarra ha confirmado la multa de 200 euros a una conductora por no respetar un semáforo en rojo en la Avenida Reyno de Navarra, en Sarriguren, aunque ha anulado la primera sanción que le notificó el Ayuntamiento del Valle de Egüés, en la que por error se la acusaba de cruzar el semáforo como peatona. La resolución es del 19 de octubre.
Los hechos se remontan al 25 de enero de 2026, cuando un sistema de captación de imágenes detectó que un vehículo atravesaba el semáforo con la luz roja. La primera notificación, enviada el 24 de marzo, recogía una infracción grave por "no respetar el peatón la luz roja de un semáforo". La titular del coche, que además era quien conducía, presentó el 17 de abril un recurso de alzada ante el tribunal. Alegó que existía una contradicción evidente entre lo que se le imputaba y lo ocurrido, ya que las propias imágenes que ofrecía la denuncia mostraban su vehículo, y pidió la nulidad de la sanción.
El Ayuntamiento reconoció el fallo en un informe remitido el 2 de julio. Explicó que la denuncia se había tramitado correctamente como infracción de un conductor, pero que al transcribir el hecho en la notificación se escribió por error que había sido un peatón. Según el consistorio, al advertirlo se frenó el envío por correo postal, pero el funcionamiento de la sede electrónica hizo que la notificación llegara igualmente por esa vía. Por ello pidió al tribunal que estimara el recurso.
Mientras el recurso seguía sin resolverse, el 7 de agosto el Ayuntamiento notificó a la conductora una nueva denuncia por los mismos hechos, con idéntica fecha, hora, lugar y vehículo, pero esta vez imputándole no respetar, como conductora, la luz roja no intermitente de un semáforo. La recurrente lo comunicó al tribunal y denunció una duplicidad de procedimientos sobre un mismo asunto.
El tribunal ha estimado el recurso en lo que afecta a la primera notificación, la del error, precisamente por el reconocimiento del propio Ayuntamiento. Sin embargo, ha concluido que ese fallo no impedía al consistorio abrir un nuevo procedimiento con los hechos bien recogidos, siempre que la infracción no hubiera prescrito. En este caso no lo había hecho, ya que el plazo para infracciones graves es de seis meses y, sumado el mes de paralización del procedimiento, no se cumplía hasta el 25 de agosto.
Aunque el escrito de la conductora sobre la segunda denuncia debería haberse tramitado como un recurso distinto, el tribunal ha decidido resolverlo en el mismo expediente por economía procesal, y lo ha desestimado. Ha considerado acreditada la infracción a partir de las fotografías aportadas por el Ayuntamiento, en las que se aprecia con claridad que el vehículo pasó con el semáforo en rojo y que no circulaba ningún coche detrás que condicionara su frenada. La recurrente, ha señalado el tribunal, no aportó ninguna prueba que desmintiera los hechos ni que demostrara que no pudo detenerse con seguridad, y la simple negación no basta para desvirtuar la denuncia. La sanción de 200 euros es la que la ley prevé para las infracciones graves de tráfico.
El Tribunal Administrativo de Navarra ha confirmado la multa de 200 euros a una conductora por no respetar un semáforo en rojo en la Avenida Reyno de Navarra, en Sarriguren, aunque ha anulado la primera sanción que le notificó el Ayuntamiento del Valle de Egüés, en la que por error se la acusaba de cruzar el semáforo como peatona. La resolución es del 19 de octubre.
Los hechos se remontan al 25 de enero de 2026, cuando un sistema de captación de imágenes detectó que un vehículo atravesaba el semáforo con la luz roja. La primera notificación, enviada el 24 de marzo, recogía una infracción grave por "no respetar el peatón la luz roja de un semáforo". La titular del coche, que además era quien conducía, presentó el 17 de abril un recurso de alzada ante el tribunal. Alegó que existía una contradicción evidente entre lo que se le imputaba y lo ocurrido, ya que las propias imágenes que ofrecía la denuncia mostraban su vehículo, y pidió la nulidad de la sanción.
El Ayuntamiento reconoció el fallo en un informe remitido el 2 de julio. Explicó que la denuncia se había tramitado correctamente como infracción de un conductor, pero que al transcribir el hecho en la notificación se escribió por error que había sido un peatón. Según el consistorio, al advertirlo se frenó el envío por correo postal, pero el funcionamiento de la sede electrónica hizo que la notificación llegara igualmente por esa vía. Por ello pidió al tribunal que estimara el recurso.
Mientras el recurso seguía sin resolverse, el 7 de agosto el Ayuntamiento notificó a la conductora una nueva denuncia por los mismos hechos, con idéntica fecha, hora, lugar y vehículo, pero esta vez imputándole no respetar, como conductora, la luz roja no intermitente de un semáforo. La recurrente lo comunicó al tribunal y denunció una duplicidad de procedimientos sobre un mismo asunto.
El tribunal ha estimado el recurso en lo que afecta a la primera notificación, la del error, precisamente por el reconocimiento del propio Ayuntamiento. Sin embargo, ha concluido que ese fallo no impedía al consistorio abrir un nuevo procedimiento con los hechos bien recogidos, siempre que la infracción no hubiera prescrito. En este caso no lo había hecho, ya que el plazo para infracciones graves es de seis meses y, sumado el mes de paralización del procedimiento, no se cumplía hasta el 25 de agosto.
Aunque el escrito de la conductora sobre la segunda denuncia debería haberse tramitado como un recurso distinto, el tribunal ha decidido resolverlo en el mismo expediente por economía procesal, y lo ha desestimado. Ha considerado acreditada la infracción a partir de las fotografías aportadas por el Ayuntamiento, en las que se aprecia con claridad que el vehículo pasó con el semáforo en rojo y que no circulaba ningún coche detrás que condicionara su frenada. La recurrente, ha señalado el tribunal, no aportó ninguna prueba que desmintiera los hechos ni que demostrara que no pudo detenerse con seguridad, y la simple negación no basta para desvirtuar la denuncia. La sanción de 200 euros es la que la ley prevé para las infracciones graves de tráfico.