La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha iniciado un procedimiento contra Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar en Comú Podem, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se le acusa de adjudicar contratos de forma directa a las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP durante su mandato como alcalde de Altafulla, entre 2011 y 2019. El magistrado Vicente Magro ha sido designado como instructor del caso.
Contratos bajo sospecha en el Ayuntamiento de Altafulla
La decisión del tribunal, en línea con el Ministerio Fiscal, se basa en una exposición razonada de la Sección Civil y de Instrucción de Instancia de El Vendrell, que detalla las supuestas irregularidades en la contratación municipal. Según el auto, Alonso habría utilizado contratos menores para evitar los requisitos de publicidad y facilitar adjudicaciones directas, lo que podría constituir un delito de prevaricación administrativa según el artículo 404 del Código Penal.
El Supremo subraya que la investigación no se limita únicamente a la prevaricación. Se podría ampliar a otras posibles irregularidades detectadas en la facturación de los servicios contratados. Esta dinámica de contratación y facturación podría apuntar a irregularidades adicionales, dependiendo del avance de las investigaciones. La Sala destaca que el objeto de la investigación es de "cristalización progresiva".
Investigación en marcha para confirmar o descartar indicios
El Tribunal Supremo ha resuelto abrir diligencias de investigación para confirmar o descartar los indicios de prevaricación administrativa. La investigación se centrará en verificar si Alonso, como alcalde, eludió los procedimientos legales en la adjudicación de contratos. La finalidad es confirmar o ampliar los indicios existentes, o descartarlos si la investigación así lo determina.
El caso ha generado interés debido a la trayectoria política de Alonso, quien lideró el municipio de Altafulla durante ocho años. Durante su mandato, se habrían adjudicado contratos a las mencionadas empresas sin seguir el procedimiento adecuado. La investigación busca esclarecer si estas acciones constituyen un delito de prevaricación administrativa.
El Tribunal Supremo, al abrir esta causa, sigue el criterio del Ministerio Fiscal y se apoya en la documentación aportada por la Sección Civil y de Instrucción de Instancia de El Vendrell. La investigación se desarrollará bajo la supervisión del magistrado Vicente Magro, quien evaluará la validez de los indicios presentados.
El procedimiento judicial contra Félix Alonso Cantorné está en sus primeras etapas. La resolución del Tribunal Supremo de abrir diligencias es un paso inicial en el proceso de investigación. A medida que avancen las investigaciones, se determinará si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de prevaricación administrativa.
