Unos 300 trabajadores por cuenta propia se manifestaron este lunes en Pamplona en el marco de la jornada de movilizaciones convocada en todo el país por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. La protesta formó parte de una convocatoria estatal celebrada en todo el estado el 2 de marzo con la que el colectivo pretendió dar continuidad al éxito de la movilización del pasado 30 de noviembre, cuando más de 80.000 personas salieron a la calle en 21 ciudades.
En la capital navarra, la manifestación arrancó a las 11:00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento y recorrió Mercaderes y Chapitela hasta la Plaza del Castillo. Desde allí, la marcha continuó por la avenida de Carlos III y Baja Navarra, siguió por Príncipe de Viana y Zaragoza, avanzó por Plazaola y Yanguas y Miranda —con una parada simbólica ante la Delegación de Economía y Hacienda— y concluyó en Marqués de Rozalejo, frente a la puerta del Parlamento foral, donde se leyó el manifiesto en un acto pacífico, apartidista y abierto a la ciudadanía.
La convocatoria en Navarra se integró en una jornada de movilizaciones desarrollada en cerca de 40 localidades del país. La plataforma denunció la “falta de respuestas estructurales” a las demandas de un colectivo que, según sus datos, afecta a más de 3,4 millones de autónomos, unos 45.000 en Navarra.
Durante la lectura del manifiesto, reclamaron once medidas urgentes. Entre ellas, cuotas de cotización proporcionales a los ingresos reales, la exención del IVA hasta 85.000 euros conforme a la directiva europea, la implantación universal del IVA por criterio de caja y una reforma del cese de actividad que garantizara un “paro real del autónomo”.
También exigieron mayor protección en casos de baja médica o por conciliación familiar, una rebaja de los tramos del IRPF, simplificación burocrática y deducciones inmediatas del 100% en inversiones. “No pedimos privilegios, pedimos justicia para quienes sostenemos la economía real”, proclamó el texto leído ante los asistentes.
Asimismo, los autónomos defendieron la creación de una ventanilla única administrativa con lenguaje claro y la protección del patrimonio personal y de la vivienda habitual frente a embargos. Según señalaron, estas medidas buscaban “justicia fiscal y condiciones dignas”, equiparándolos a los trabajadores asalariados sin penalizar su iniciativa.
Con esta movilización, el colectivo pretendió visibilizar lo que calificó como un “abandono institucional” y presionar para impulsar cambios en el sistema de cotizaciones y en la fiscalidad que, a su juicio, resultaron imprescindibles para garantizar la viabilidad del trabajo autónomo.
