La intervención policial del pasado sábado en el estadio de Estadio El Sadar, tras el encuentro entre el Club Atlético Osasuna y el Real Madrid Club de Fútbol, ha saltado ya al ámbito estatal. La polémica por las cargas efectuadas por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional llegará al Congreso de los Diputados de la mano de Izquierda Unida, una de las formaciones integradas en el Gobierno de coalición en España.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha registrado una batería de iniciativas dirigidas al Ministerio del Interior con el objetivo de “esclarecer los incidentes” ocurridos durante y después del partido disputado en Pamplona. En concreto, ha presentado seis preguntas parlamentarias y cinco solicitudes de documentación relativas a la planificación, desarrollo y evaluación del operativo policial.
Santiago ha exigido explicaciones detalladas sobre lo sucedido, después de que, según ha señalado, diversos vídeos difundidos en redes sociales muestren intervenciones que habrían ocasionado heridos de diversa consideración. En esas imágenes, apunta, se aprecia el uso de la fuerza sobre personas de distintas edades, incluidos menores y personas mayores. “Los hechos han generado una importante preocupación en Pamplona y en Navarra”, ha afirmado, reclamando al Ministerio del Interior que aclare lo ocurrido y que revise, en su caso, los protocolos de actuación en recintos deportivos para evitar que situaciones similares puedan repetirse.
Geroa Bai pide la exclusividad para la Policía Foral
En paralelo al debate que se abre en Madrid, la controversia ha reavivado el pulso competencial en Navarra. Geroa Bai ha registrado una moción en el Parlamento foral para que la seguridad del estadio sea asumida “en exclusiva” por la Policía Foral de Navarra en todos los partidos y competiciones que se celebren en El Sadar.
La parlamentaria Blanca Regúlez ha calificado de “muy grave” lo ocurrido tras el encuentro, denunciando una actuación que considera “inadecuada y desproporcionada” y alejada de los criterios de proximidad que, a su juicio, caracterizan a una policía propia. Regúlez sostiene que los hechos evidencian “los riesgos del actual modelo”, en el que la seguridad del estadio recae en la Policía Nacional.
Para la coalición, mantener este esquema supone una “anomalía” incompatible con el carácter integral que la Ley Foral de Policías atribuye a la Policía Foral y con el desarrollo efectivo del autogobierno. Además, subraya que la responsabilidad política sobre lo sucedido ha quedado fuera del control de las instituciones navarras, al depender de la Delegación del Gobierno en Navarra, que ha avalado la actuación policial.
Geroa Bai recuerda que en el acuerdo programático 2023-2027 ya se recogía como un "desacuerdo" la apuesta de la coalici´pon por el ejercicio exclusivo de esta competencia por parte de la Policía Foral en competiciones deportivas y, de manera específica, en El Sadar. A su juicio, no avanzar en esa dirección implica una “renuncia de facto” a competencias propias.
