El Ayuntamiento de Pamplona ha impuesto un total de 5.000 euros en multas coercitivas por la ocupación de una bajera en el barrio de Azpilagaña, según ha explicado este martes el concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSN, Marina Curiel, durante la comisión municipal de Presidencia.
Curiel se interesó por la gestión de un problema que, según señaló, genera una creciente preocupación entre los vecinos y ha sido objeto de atención mediática en los últimos días. “Nos gustaría que desde el Ayuntamiento se nos diera información sobre cómo se está gestionando este tema que tanta inquietud está causando en el barrio”, reclamó la edil socialista.
En su intervención, Abaurrea aseguró que el Consistorio es “plenamente conocedor” de la situación y que se está actuando tanto desde Policía Municipal como desde el área de Urbanismo. En concreto, detalló que se abrió hace meses un expediente de disciplina urbanística que ha derivado en la imposición de cinco multas coercitivas sucesivas, con el objetivo de forzar un cambio en la situación del local.
No obstante, el concejal advirtió de las limitaciones legales con las que se encuentra el Ayuntamiento. Según explicó, la propietaria del local, que por tanto forma parte de la comunidad de vecinos, se ha negado a presentar una denuncia formal para recuperar la bajera, lo que dificulta la intervención municipal al tratarse de una actividad de carácter privado. “A pesar de ello, no nos conformamos y estamos trabajando con Policía Municipal para valorar otras modalidades de intervención más extraordinarias”, afirmó.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso, matizó que la Policía Municipal mantiene un contacto directo con la propiedad y la comunidad vecinal. Además, confirmó que agentes de la Policía Comunitaria acudieron recientemente a una reunión de vecinos, invitados por las personas afectadas, como parte del seguimiento del caso.
Alonso añadió que el Ayuntamiento está dispuesto a aportar más información en futuras sesiones, aunque no descartó que algunos detalles se aporten a puerta cerrada, dada la sensibilidad de ciertos datos. Mientras tanto, el Consistorio mantiene abierto el expediente y continúa explorando nuevas vías de actuación para resolver un conflicto que sigue generando malestar en el barrio.
