Durante la jornada de hoy, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha interrogado como investigados a tres empresarios relacionados con las empresas adjudicatarias Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), en el marco de la investigación por presuntas mordidas en la adjudicación de obra pública. Los tres empresarios —José Ruz (LIC) y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez (OPR)— han respondido a las preguntas del juez, el fiscal y sus respectivas defensas, negando en todo momento haber pagado comisiones a cambio de contratos públicos.
Según ha relatado el abogado defensor de Santos Cerdán, Benet Salellas- a varios medios de comuncaicón entre ellos Pamplona Actual- ni el juez instructor ni la Fiscalía han preguntado a estos tres empresarios por Santos Cerdán, ni siquiera si lo conocían o si se habían reunido con él. Tampoco se les ha interrogado sobre si Cerdán les reclamó dinero o si le pagaron alguna cantidad por las supuestas “mordidas”. El interrogatorio se ha centrado, principalmente, en los mensajes de WhatsApp que figuran en el atestado entre los empresarios y Koldo García, exasesor ministerial. Esta omisión resulta, según la defensa de Cerdán, sorprendente, ya que no se ha abordado el motivo central que, según la acusación, justifica el ingreso en prisión de su cliente.
Al finalizar cada uno de los interrogatorios, tanto la Fiscalía como la acusación popular han solicitado al juez la imposición de comparecencias quincenales como medida cautelar para los empresarios, petición que ha sido aceptada por el magistrado.
