El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el real decreto-ley que prorrogaba el denominado escudo social y contemplaba, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones y la suspensión de los desahucios. La norma ha decaído tras obtener 171 votos a favor y 178 en contra, con el voto decisivo del Partido Popular, VOX , UPN y Junts, que se han alineado para tumbar el texto del Gobierno.
El decreto-ley, aprobado por el Ejecutivo el pasado 23 de diciembre y en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pretendía dar continuidad a un amplio paquete de medidas sociales, económicas y fiscales en un contexto marcado por la persistencia de tensiones internacionales y la incertidumbre económica derivada, entre otros factores, de la guerra de Ucrania.
Entre los aspectos más destacados del texto figuraba la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas en 2026 en un mínimo del 2,7%, conforme a la media del índice de precios al consumo. Este incremento, junto con la prórroga de medidas de protección para colectivos vulnerables, queda ahora sin efecto tras la decisión de la Cámara Baja.
El decreto incluía también la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para personas en situación de vulnerabilidad, así como la prórroga del bono social y de la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables. Estas medidas formaban parte del núcleo del escudo social desplegado durante la pandemia y mantenido en los últimos años.
Además, el texto recogía actuaciones en materia de empleo, como la prórroga de la cuantía del salario mínimo interprofesional y medidas de acompañamiento destinadas a preservar el empleo, así como un amplio paquete de incentivos fiscales. Entre ellos, destacaban las prórrogas en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, los beneficios fiscales vinculados a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones en energías renovables.
El decreto abordaba igualmente la financiación territorial en un escenario de prórroga presupuestaria. Establecía el cálculo de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales para 2026 y regulaba un régimen excepcional de endeudamiento autonómico. De forma específica, mantenía la posibilidad de autorizar nuevas operaciones de deuda a la Comunitat Valenciana para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la DANA.
Con el rechazo del Congreso, el real decreto-ley queda derogado y pierde todos sus efectos jurídicos, tal y como establece el artículo 86.2 de la Constitución, que obliga a someter este tipo de normas a convalidación parlamentaria en el plazo de treinta días. La votación supone un revés político para el Gobierno y deja en el aire la revalorización de las pensiones y la continuidad de las principales medidas de protección social en 2026.