El BOE ha publicado este sábado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio, con 80 medidas para amortiguar de forma inmediata el impacto sobre hogares y empresas y acelerar la electrificación y el despliegue renovable para reducir la dependencia fósil de forma estructural. Las medidas superan los 5.000 millones de euros, beneficiando a los tres millones de empresas y los 20 millones de hogares del país. Para complementar todas estas medidas, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real decreto-ley que establece una congelación temporal de los precios el alquiler, similar al aplicado por el Ejecutivo en crisis previas para dar respuesta a la emergencia habitacional y que se negociará con los grupos parlamentarios.
El primero, el decreto-ley 7/2026 entra en vigor hoy tras su publicación en el BOE y despliega un amplio escudo económico y social frente a la crisis en Irán, con rebajas fiscales en la energía, ayudas directas a hogares, empresas, transportistas, agricultores, pescadores e industria, y un fuerte impulso a la electrificación y a las energías renovables que, en Navarra, deberán articularse en coordinación con el régimen foral y la Hacienda navarra.
La norma combina medidas de choque —rebajas de impuestos energéticos y ayudas directas— con otras estructurales, centradas en acelerar la transición energética y reducir la dependencia del petróleo y el gas importados.
El decreto se estructura en seis títulos y 64 artículos, además de disposiciones adicionales y transitorias, y entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque muchas medidas se extienden hasta finales de 2026. En Navarra, las rebajas tributarias en figuras estatales deberán adaptarse al régimen foral y a la capacidad normativa de la Hacienda de Navarra, especialmente en IRPF, Sociedades y tributos propios o concertados sobre la energía y bienes inmuebles.
Energía: escudo para hogares y empresas
El título I agrupa la parte más amplia del plan: bajar de manera inmediata la factura energética y, al mismo tiempo, acelerar el despliegue de renovables, el autoconsumo y las redes eléctricas.
Medidas clave para hogares y pymes:
Prórroga durante todo 2026 de los descuentos reforzados del bono social eléctrico, con una senda decreciente que va llevando los porcentajes hacia el régimen permanente pero manteniendo una protección extra durante la crisis.
Aumento de la ayuda mínima del bono social térmico, con 90 millones de euros adicionales para 2026, financiados con Presupuestos Generales del Estado, para compensar el coste de calefacción y agua caliente de los hogares más vulnerables.
Garantía hasta el 31 de diciembre de 2026 de que no se cortará el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, tal y como los define el real decreto de 2017 sobre el bono social.
Medidas para la industria y el sistema energético:
Descuento del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva durante todo 2026, con el fin de contener sus costes energéticos y evitar deslocalizaciones, que aparecerá como un concepto separado en la factura y se compensará al sistema eléctrico con 220 millones de euros vía crédito extraordinario.
Flexibilización extraordinaria hasta finales de 2026 de los contratos de gas y electricidad para empresas que se vean obligadas a reducir producción, evitando penalizaciones por bajar caudales o cambiar peajes, medida ya utilizada en la pandemia y durante la crisis energética de Ucrania.
Canon cero en parte de la capacidad de almacenamiento subterráneo de gas entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, para aliviar el coste de llenar los almacenamientos en un contexto de precios altos por la tensión en Oriente Medio.
Reforma de redes y acceso a la electricidad:
Nace una prestación por reserva de capacidad de acceso a la red para consumos conectados a tensiones de 1 kV o más: quien tenga un permiso de acceso pero no lo utilice deberá pagar periódicamente, con cuantía ligada a los peajes y que crece con el tiempo, para disuadir el acaparamiento especulativo y liberar capacidad bloqueada.
Se refuerzan los hitos intermedios (pago de posición de red, contratos de proyecto y contratos técnicos de acceso) como “pruebas de vida” de los proyectos: quien no avance pierde el permiso y deja libre espacio de red para consumos más maduros y con mayor impacto industrial.
Se regula el acceso flexible a la red para consumos modulables y almacenamiento, que podrán conectarse aceptando ciertas limitaciones horarias, lo que permite aprovechar mejor una capacidad de red que hoy queda infrautilizada.
Impulso renovable, autoconsumo y almacenamiento:
El decreto fija las bases para las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), áreas de menor sensibilidad ambiental donde las comunidades autónomas, entre ellas Navarra, podrán tramitar más rápido proyectos renovables bajo unos criterios comunes estatales de participación pública y protección ambiental.
Se refuerza la participación pública en grandes proyectos de generación y almacenamiento: el plazo de información pública pasa de 30 a 45 días y se exige que los promotores acrediten haber informado previamente a propietarios y ayuntamientos afectados.
Se crean los proyectos de excelencia social y territorial, que recibirán prioridad en la tramitación si acreditan elevada implicación social, impacto socioeconómico y excelencia ambiental, y se mejora la priorización de repotenciaciones y proyectos situados en zonas de baja sensibilidad ambiental.
En autoconsumo y comunidades energéticas:
La distancia máxima entre la instalación y los puntos de consumo en autoconsumo colectivo se amplía a 5 km, facilitando proyectos compartidos en barrios, pueblos o polígonos industriales, una figura de gran relevancia para municipios navarros dispersos.
Se crea la figura del gestor de autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico, que facilitará la gestión de instalaciones compartidas, y se libera un 10% de la capacidad reservada para concursos de generación para destinarlo a autoconsumo.
Se reservan cuotas específicas en subastas de renovables para proyectos municipales o comunitarios y se obliga a los productores a trasladar parte de los beneficios de los proyectos a ciudadanos y comunidades locales cercanas.
Almacenamiento y gases renovables:
Se declara de utilidad pública el almacenamiento hidráulico por bombeo y se aclara que sus infraestructuras de evacuación forman parte de la instalación, con el fin de impulsar proyectos clave para integrar renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.
Se da cobertura regulatoria a las infraestructuras de hidrógeno del Corredor Ibérico (H2MED) y se asignan temporalmente a la CNMC funciones de supervisión de las inversiones transfronterizas en hidrógeno mientras no exista un regulador específico.
El Gobierno recibe un mandato para fijar objetivos obligatorios de biometano en sectores distintos al transporte, condicionados a criterios de excelencia social, territorial y ambiental, para ordenar el despliegue de este gas renovable.
Economía, industria y empresas: ayudas y alivio fiscal
El título II aborda el impacto económico general y refuerza herramientas para sostener actividad y empleo en un contexto de energía cara y gran incertidumbre.
Medidas generales y apoyo exterior:
ICEX podrá devolver cuotas a empresas españolas que no puedan participar en ferias y acciones de promoción en Oriente Medio por cancelaciones o problemas de transporte aéreo, y ofrecer ayudas adicionales para gastos no recuperables.
La CNMC ve reforzadas sus capacidades de supervisión del mercado de carburantes: podrá exigir más información a las compañías y elaborará un estudio específico sobre precios, funcionamiento del mercado y grado de competencia.
Se endurece el régimen sancionador en gas natural: los incumplimientos en los programas de aprovisionamiento al sistema podrán ser sancionados como infracción muy grave con multas de hasta 30 millones de euros, para disuadir comportamientos oportunistas en situaciones de crisis.
Proyectos estratégicos de inversión:
Se crea la figura de Proyectos Estratégicos de Inversión y un Comité específico para identificarlos y priorizarlos, con capacidad de coordinar y agilizar trámites a aquellos proyectos que aporten más crecimiento, empleo, autonomía energética y tecnológica.
Esta figura está pensada, entre otros, para grandes inversiones en renovables, hidrógeno, centros de datos o industrias intensivas en energía, en un contexto de saturación de algunos nudos de la red y fuerte competencia internacional por atraer inversiones.
Alivio a empresas y transporte de mercancías:
Se mantiene un año más la suspensión de la causa de disolución por pérdidas para 2026 respecto a pérdidas de 2020 y 2021, permitiendo que empresas viables, aún dañadas por la pandemia, sigan operando sin obligación de disolverse o reducir capital por esas pérdidas.
Se permite reformular cuentas anuales ya aprobadas si es necesario aplicar la nueva regla, con un plazo de un mes para reformular y tres meses para que la junta vuelva a reunirse.
Para el transporte de mercancías por carretera, el decreto autoriza al Ministerio de Economía a otorgar, vía ICO, reavales sobre avales bancarios que respaldan las tarjetas de combustible de empresas y autónomos, por un máximo de 2.000 millones de euros, con el objetivo de evitar cortes de suministro por falta de garantías.
Descarbonización industrial y ayudas a sectores electrointensivos:
El Fondo FERGEI se reconvierte en Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial, orientado a suscribir contratos por diferencia de carbono que garanticen un precio estable del CO₂ y permitan a empresas de sectores como acero, cemento o química acometer inversiones en tecnologías bajas en emisiones.
Se refuerza la partida para compensar a industrias por los costes indirectos de CO₂(impacto del precio del CO₂ en la factura eléctrica) mediante un suplemento de crédito para el Ministerio de Industria y Turismo, beneficiando a sectores como siderurgia, refino, aluminio, zinc, química inorgánica o papelero.
Programa Auto+ y automoción:
Se lanza el Programa Auto+, dotado con 400 millones de euros, para subvencionar la compra de vehículos eléctricos y electrificados, tanto por parte de particulares como de empresas, y apoyar la red de recarga, con el objetivo de cumplir los ambiciosos límites europeos de emisiones de los vehículos nuevos.
El programa busca dar certidumbre a consumidores y fabricantes, incentivar la demanda y aliviar el impacto del encarecimiento de combustibles sobre un sector especialmente golpeado por la guerra en Irán y las tensiones en las cadenas de suministro.
Fisco: fuerte rebaja en impuestos de energía y estímulos verdes
El título III despliega un paquete amplio de rebajas fiscales, con carácter excepcional y temporal, que afecta a impuestos especiales, IVA, IRPF y Sociedades, con una lógica clara: amortiguar el golpe de la factura energética y empujar la transición hacia un consumo más eficiente y electrificado.
Impuestos especiales sobre energía:
El Impuesto sobre Hidrocarburos se reduce hasta el mínimo que permite la normativa europea en gasóleo y gasolinas sin plomo, los combustibles más usados, y también en fuelóleo, GLP, gas natural y queroseno usado como combustible, para contener la subida de precios.
El Impuesto Especial sobre la Electricidad baja de forma extraordinaria del 5,1% al 0,5% hasta el 30 de junio de 2026, con tipos mínimos de 0,5 euros por MWh para usos profesionales y 1 euro por MWh en el resto, de acuerdo con la directiva europea.
El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica se suaviza en 2026: la base imponible se reduce un 10% de las retribuciones del primer trimestre y en su totalidad las del segundo, y el Estado inyecta hasta 450 millones al sistema eléctrico para compensar la menor recaudación y mantener el equilibrio de ingresos y gastos.
IVA de luz, gas y carburantes:
Hasta el 30 de junio de 2026, el tipo de IVA de la electricidad baja del 21% al 10% para contratos con potencia contratada hasta 10 kW (prácticamente todos los hogares) y para beneficiarios del bono social con condición de vulnerables severos o en riesgo de exclusión.
También se reduce al 10% el IVA del gas natural, las briquetas y pellets de biomasa y la leña, buscando abaratar la calefacción en un contexto de fuerte tensión energética.
El IVA de carburantes y combustibles se rebaja del 21% al 10% en el mismo periodo, lo que supone un ahorro directo para las familias en sus desplazamientos y para profesionales del transporte que no están dentro de los mecanismos de devolución profesional.
Estas rebajas extraordinarias están condicionadas a la evolución de la inflación de los productos afectados: durante junio de 2026 se revisará su mantenimiento en función del índice de precios al consumo de energía y carburantes.
IRPF, IBI, ICIO e impuestos locales:
En el IRPF se amplía un año el plazo para aplicar la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, incentivando reformas que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción o refrigeración.
Se prolongan e impulsan los incentivos fiscales para la instalación de sistemas de autoconsumo, la compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, y la instalación de puntos de recarga en el ámbito del IRPF.
En el Impuesto sobre Sociedades se mantienen la amortización acelerada para nuevas inversiones en vehículos eléctricos y puntos de recarga, así como la amortización libre de instalaciones de autoconsumo eléctrico y térmico que sustituyan equipos alimentados por combustibles fósiles.
El decreto también abre la puerta a que ayuntamientos refuercen la fiscalidad verde en el IAE, el IBI y el ICIO, premiando usos y obras que impulsen la electrificación y la eficiencia, algo especialmente relevante para consistorios forales como los navarros, en coordinación con su normativa tributaria propia.
Campo, pesca, transporte y dimensión social del escudo
Los títulos IV, V y VI completan el escudo con ayudas específicas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportes, y con medidas sociales para amortiguar el impacto sobre el empleo y los colectivos más vulnerables.
Agricultura y pesca:
Se aprueban ayudas extraordinarias y temporales para sufragar el gasóleo agrícola, compensando el sobrecoste de las labores de campo y el transporte de alimentos dentro de la cadena agroalimentaria.
Los agricultores recibirán también ayudas específicas por el incremento del precio de los fertilizantes, muy ligado al coste de la energía, mientras que el sector pesquero contará con ayudas compensatorias por el aumento del coste de electricidad y combustibles y con una exención de la tasa de pesca fresca.
Se amplía la línea ICO-MAPA-SAECA y se refuerzan las subvenciones para avales de SAECA, con el fin de facilitar financiación a explotaciones agrarias y pesqueras y mantener la actividad, el empleo y la seguridad alimentaria.
Transporte por carretera y marítimo:
Para el transporte por carretera que sí tiene gasóleo profesional, se establece una ayuda directa de 0,20 euros por litro de gasóleo consumido desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2026, calculada sobre los consumos que dan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Para taxis, VTC, ambulancias, transporte ligero y urbano sin gasóleo profesional (autorizaciones VDE, VT, VTC, VSE, MDLE, MDPE y autobuses urbanos), se configura otra línea de ayudas directas extraordinarias y temporales para cubrir parte del sobrecoste energético.
En el transporte marítimo, se aprueba una ayuda por milla navegada y tonelada de arqueo bruto para servicios regulares de pasajeros y carga rodada en cabotaje y conexiones interinsulares, con el objetivo de mantener la conectividad y absorber una parte del aumento de costes de combustible.
Dimensión social y laboral:
El título VI recoge medidas sociales (no reproducidas íntegramente en el extracto consultado) destinadas a proteger el empleo y a los colectivos más expuestos al encarecimiento de la energía, en línea con los anteriores “escudos sociales” aprobados tras la guerra de Ucrania y la pandemia.
El mantenimiento de la prohibición de cortes de suministros esenciales, el refuerzo del bono social y las ayudas al transporte buscan evitar que el encarecimiento de la energía se traduzca en un deterioro brusco del nivel de vida de los hogares con menos recursos.
Navarra: aplicación foral de las medidas tributarias
Aunque el real decreto-ley tiene carácter básico en muchos apartados, Navarra, por su régimen foral, deberá concretar mediante sus propias normas tributarias la traslación de buena parte de los incentivos fiscales previstos, especialmente en IRPF, Impuesto sobre Sociedades, tributos energéticos propios, IBI e ICIO, así como la adaptación de las deducciones por eficiencia energética, autoconsumo y vehículos eléctricos. La Hacienda Foral de Navarra deberá acordar con el Estado la aplicación coordinada de las medidas sobre impuestos concertados de energía y carburantes, y ajustar sus propias figuras y tipos para replicar, en su caso, la intensidad de la rebaja fiscal y de los incentivos verdes diseñados en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
