Una familia monoparental podría ser desahuciada en Burlada la semana que viene. El Sindicato de Vivienda que forma parte del Consejo Socialista de Iruñerria ha anunciado en sus redes sociales la situación en la que se encuentra esta madre de 5 hijos, de los cuales 3 son menores de edad y están a su cargo. El jueves de la semana que viene, 30 de enero, tienen fijada la fecha de lanzamiento de su piso. “Este es un caso especialmente sangrante”, apuntan desde el sindicato.
Esta mujer y quien entonces era su marido entraron a vivir en el piso en 2013: “como el piso era propiedad de la familia del hombre, la relación de alquiler se estableció en un principio mediante contrato oral, aunque pagaban todas las mensualidades, como en cualquier alquiler”, sostienen desde el colectivo de vivienda. Con el tiempo, sin embargo, la situación cambio. La mujer fue víctima de violencia machista durante varios años, por lo cual el marido llegó a ingresar en prisión y se interpuso una orden de alejamiento, la cual ya no está en vigor. Actualmente, ella está en un programa de protección para mujeres víctimas de violencia de género. Aunque lleva casi doce años en el piso y pagando el alquiler, la propietaria -familiar del agresor- quiere echarla, según parece “para vender el piso”.
Fuera de la protección de la moratoria de desahucios
A día de hoy, existe una moratoria de desahucios en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 en el Estado español. Desde el Sindicato Socialista de Vivienda explican que “en teoría, debía suspender los desahucios de personas vulnerables, pero algunos estudios demuestran que entre el 70 y el 75 % de los desahucios por vías judiciales han seguido ejecutándose”. Según explican, en algunos casos no se aplica la moratoria hasta que se ejerce presión externa, como ocurrió con el procedimiento de desahucio que denunciaron el pasado octubre, en el que Ibercaja pretendía desahuciar a una mujer en Nuevo Artica. En aquel caso, se llegó al mismo día del desahucio sin una resolución judicial que lo suspendiera, pero “gracias a la presión ejercida por el sindicato de vivienda durante el proceso se le aplicó la moratoria de desahucios hipotecarios hasta mayo de 2028”, señalan desde el colectivo.
Volviendo al desahucio de Burlada, no se aplica la moratoria porque, al no vivir ahí el ex-marido, a la mujer no se le reconoce como inquilina del piso. En palabras del sindicato, “la propietaria se aprovecha de que tenían una relación informal de alquiler, es decir, una situación que no se ajustaba a un alquiler convencional con todas las pruebas escritas que esto conlleva, y el juez le da la razón al no considerar a esta mujer como legítima inquilina, aunque ella haya pagado la renta mensual durante largos años, como ocurre en cualquier alquiler”. Y añaden: “no reconocen que existe una relación arrendatario-arrendador, aunque sea más que evidente en este caso”.
Al denegarle sus derechos como inquilina, el procedimiento de desahucio que sigue es el de “precario”, concepto que engloba casos de ocupación y otras situaciones distintas a los alquileres convencionales. Para este tipo de situaciones, la moratoria exige una serie de requisitos mucho más estrictos que se recogen en el “Artículo 1 bis” del Real Decreto-Ley 11/2020. Desde el sindicato de vivienda opinan que “estos requisitos y la discrecionalidad de los jueces a la hora de decidir si aplican la moratoria dejan muchísimos casos fuera”. En lo que respecta a esta mujer, al no poder demostrar que los propietarios son grandes tenedores -más de 10 viviendas en propiedad- no se aplica la moratoria y, por tanto, no se aplaza la fecha señalada para el desahucio: el 30 de enero.
Falta de alternativas y consecuencias de la violencia de género
Aunque la mujer, acompañada por el Sindicato Socialista de Vivienda, ha acudido en numerosas ocasiones a los servicios sociales, no se le ha ofrecido ninguna alternativa de vivienda. A una semana del desahucio, la situación de incertidumbre que padecen ella y sus hijos es total.
Según sostienen desde el sindicato, “esta realidad deja en evidencia que la violencia machista no se reduce a sufrir maltrato en un momento concreto, sino que tiene consecuencias duraderas a todos los niveles en la vida de las mujeres que la sufren”. Ello traería consigo que, en muchas ocasiones, “vean su vida gravemente alterada aun después de separarse de su agresor”, especialmente “cuando las víctimas son mujeres de clase trabajadora”. En este caso concreto, explican, “la mujer que ha sufrido esta violencia puede terminar siendo desahuciada junto a sus hijas e hijos por, precisamente, seguir atada a la familia de su ex-marido y agresor”, lo que, en palabras del sindicato de vivienda, supondría una “revictimización flagrante”.
En la misma línea, lanzan una crítica a los sistemas de protección de las instituciones. Aunque admiten que pueda haber una “buena voluntad” detrás de ellos y contribuyan a “aumentar la sensación de seguridad” de muchas mujeres, apuntan a que “son muy limitados y no sirven para dar una solución real a la realidad de las mujeres que sufren violencia de género”. En opinión del sindicato, “situaciones como esta, en los que la necesidad básica que hay en juego es la vivienda, nos muestran que las instituciones fallan a la hora de ofrecer alternativas reales, y su incapacidad para solucionar el problema de fondo queda patente”. “¿Qué protección es la que promulgan, si permiten que una mujer se quede en la calle precisamente como consecuencia de haber denunciado la violencia que sufría?”, se preguntan. Y concluyen que “las instituciones del estado capitalista, al fin y al cabo, están al servicio de este sistema que constantemente genera desigualdades en el seno de la sociedad, por lo que la solución al problema estructural no va a venir de su mano, aunque puedan paliar algunas situaciones particulares”.
Situación de desprotección
Desde el colectivo de vivienda denuncian la situación de desprotección total que sufre esta mujer, “ante la ley, ante el agresor y ante las instituciones”. Ante la ley, “porque dicen detener los desahucios de personas vulnerables y en este caso, como en muchos otros, no lo aplican”. Ante el agresor, “porque además de sufrir violencia machista, parece que esta mujer no tiene derecho a vivir en su casa, ni tan siquiera a tener unas mínimas garantías para defenderse como inquilina, por el hecho de no convivir ya con su ex-marido”. Y ante las instituciones, “porque dicen proteger a las personas que más lo necesitan pero no han ofrecido una alternativa de vivienda a una semana de la fecha de desahucio” Todo esto, añaden, “conlleva una situación de indefensión gravísima, que siempre terminan padeciendo los sectores más golpeados por esta sociedad, como es el caso de las mujeres de clase trabajadora”.
Llamamiento a parar el desahucio
El Sindicato Socialista de Vivienda ha dado a conocer la convocatoria para intentar paralizar el desahucio el próximo 30 de enero, sobre la que, según apuntan, más adelante darán detalles “como el lugar y la hora”, además de “otras iniciativas” que llevarán a cabo los días anteriores. Y lanzan el siguiente mensaje: “exigimos que se paralice el desahucio mientras no haya una alternativa de vivienda de calidad sobre la mesa”. Por último, han hecho un llamamiento abierto para acudir a dicha convocatoria porque, opinan, “solo mediante la organización independiente y la lucha podremos hacer frente a este tipo de situaciones”.
