La auditoría jurídica externa solicitada por el Gobierno de La Rioja para analizar en profundidad la compra de suelo para la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase y el Embalaje dictamina que supone “un acto nulo de pleno derecho” y desvela “la gestión irregular” del anterior equipo de Gobierno. Así ha resumido la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, los resultados de esta revisión ante la correspondiente comisión parlamentaria.
De este modo, la auditoría comparte el criterio del informe de control interno de la ADER, con fecha 9 de septiembre de 2022, concluyendo la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, que declara que son nulos de pleno derecho los actos “dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Durante los casi 25 años de vida de la ADER, las transferencias y emisiones de cheques requerían dos firmas, la de un técnico y la del gerente o presidente de la agencia. El 9 de septiembre de 2022, el Ejecutivo anterior ordenó cambiar a los autorizantes, por lo que hicieron posible, de hecho, que solo fueran necesarias las dos firmas del presidente y del gerente. Este mismo día, la unidad de control interno y auditoría y la unidad económica financiera del Gobierno de La Rioja había advertido que la operación no respetaba el procedimiento administrativo.
Una semana antes, el 2 de septiembre de 2022, el por entonces presidente de la ADER, José Ángel Lacalzada, había firmado una oferta formal para adquirir una serie de parcelas a SEPES, ubicadas en el Polígono del Recuenco (Calahorra), por importe de 5,7 millones de euros (6,6 millones incluyendo el IVA). Esta aceptación implicaba realizar una reserva del 5 por ciento y el abono de 287.350 euros, que se produjo el 15 de septiembre con las firmas del presidente y el gerente de la ADER.
Antes de cerrar el año 2022, el 16 de diciembre, convocaron un Consejo de Administración para elevar a Consejo de Gobierno la autorización del gasto de 5,7 millones de euros (más IVA) correspondiente a la adquisición, por parte de la ADER, de parcelas en el Polígono Industrial El Recuenco, en Calahorra.
De acuerdo a la normativa de la ADER, todos los asuntos que van a Consejo de Administración requieren de un informe jurídico. La propia asesoría jurídica advirtió a los miembros del Consejo en su informe sobre la inviabilidad de la operación, porque tanto la reserva del 5 por ciento como la adquisición total eran “actos nulos de pleno derecho”.
Si el acto por el que se firmaba la oferta formal de adquisición, que implicaba una transferencia de 287.350 euros, es nulo, todos los actos realizados en relación con la adquisición de parcelas, a juicio de los servicios jurídicos de la unidad de control interno de ADER y de los propios auditores, son nulos.
No obstante, y haciendo caso omiso de los informes técnicos, el 20 de diciembre de 2022, se acordó aprobar la operación; el día 21, se autorizó en Consejo de Gobierno; y el 22 de diciembre, se firmó la escritura pública por la que ADER adquirió 93.967 metros cuadrados por el mencionado precio de 5,7 millones de euros (más IVA).
Una operación basada en “razones de oportunidad”
En este relato cronológico de los hechos, constan dos informes del director general de los Servicios Jurídicos. El primero, fechado el 2 de septiembre de 2022, anterior al informe de la unidad de control interno (9 de septiembre). Dicho informe considera que el único requisito que se debe cumplir es disponer de presupuesto, no debiendo cumplir lo que decreta la Ley del Patrimonio porque el bien no se adquiere para integrar el patrimonio de ADER, sino para su inmediata comercialización. El segundo informe, del 20 de septiembre, señala que la operación planteada se basa no en razones jurídicas, sino en “razones de oportunidad”.
Dos días antes de cesar en sus funciones (21 de junio de 2023), el anterior Gobierno de La Rioja aceptó una subvención de 20,5 millones de euros del Ministerio de Transportes que imponía unas condiciones casi imposibles de cumplir: adquirir la totalidad de las parcelas de los polígonos El Recuenco y La Senda, y asegurar la implantación de actividades industriales cuando la misma se produzca sobre el 20 por ciento de la superficie total.
La ADER adquirió suelo industrial al precio marcado por SEPES, 61,16 euros el metro cuadrado y se los tenía que vender a la Fundación a 35 euros, a pesar de que los servicios jurídicos -en la misma línea que los auditores- advirtieron que si se compraba a 61,16, no se podía vender a 35, porque al margen de ser “ayuda de Estado, se incurrían en otras responsabilidades”.
“Cuando tomé posesión, descubro que, en julio de 2023, las parcelas donde hipotéticamente se iba a construir el Centro Nacional no son titularidad de la Fundación, sino que pertenecen a la ADER. La Fundación lanzó un concurso de ideas, lo adjudicó y lo presentó oficialmente sin que la ADER hubiese adquirido las parcelas. La Fundación construía el centro y la ADER compraba las parcelas para después vendérselas a la Fundación. No parece muy lógico cuando la Fundación es un ente del sector público de la CAR, con personalidad jurídica propia y en cuyo fin estatutario se incluye la construcción del centro”, ha expresado León.
La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha ordenado, como presidenta de la ADER, que se remita el expediente a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, recurriendo al cauce legal establecido. “Como ejemplo de buen gobierno, de transparencia, nosotros informamos en el Parlamento y haremos siempre lo más conveniente para La Rioja, buscando la máxima eficiencia en el gasto”, ha concluido la consejera.
