Los residentes del entorno de la calle Río Alzania, en el barrio pamplonés de Azpilagaña, han hecho pública su preocupación por lo que describen como una «situación límite, cronificada y absolutamente intolerable» derivada de la ocupación ilegal de una bajera en el número 11 de esta calle. Según exponen en un comunicado, el local se ha convertido en un «foco permanente de inseguridad, insalubridad y degradación social», sin que, a su juicio, el Ayuntamiento de Pamplona haya intervenido de manera «eficaz, real y resolutiva», pese a conocer los hechos.
El malestar vecinal quedó patente el pasado 15 de enero de 2026, cuando se celebró una reunión en el Centro Cívico de Azpilagaña que desbordó la capacidad de la sala. Para los convocantes, este respaldo masivo «evidencia de forma clara y objetiva el nivel de alarma social existente y el hartazgo de un vecindario que se siente abandonado por la Administración».
Durante el encuentro se expusieron situaciones que los asistentes consideran especialmente graves. Entre ellas, que los menores no puedan transitar solos por la zona, el aumento de robos en viviendas o el uso habitual de la plaza contigua para conductas «incívicas, insalubres y degradantes». De manera «especialmente alarmante», los vecinos denunciaron que menores de edad acuden al local «para trapichear», lo que, a su entender, pone de manifiesto «una falla gravísima en la protección de menores».
La bajera, de titularidad privada, estaría ocupada por personas sin identificar que «han convertido el local en un espacio fuera de toda legalidad», con «enganches ilegales a las redes de agua y electricidad», hogueras en el interior, ruidos constantes y un movimiento continuo de personas «presuntamente vinculado al consumo y tráfico de sustancias estupefacientes». Todo ello, advierten, «constituye un riesgo cierto, grave e inmediato tanto para el inmueble como para las personas que residen en él».
Los daños en elementos comunes han obligado a la comunidad a realizar reparaciones de forma reiterada, mientras —lamentan— «la Administración competente mira hacia otro lado». A pesar de las intervenciones policiales, estas se han limitado a actuaciones puntuales, sin soluciones de fondo.
Los vecinos aseguran haber reclamado sin éxito a la propietaria del local y haber solicitado al Ayuntamiento inspecciones y medidas urgentes. La respuesta municipal, critican, se ha reducido a un mensaje de «vigilancia» y «patrullaje», una contestación que califican de «claramente insuficiente, evasiva e irresponsable». «Patrullar no es gestionar, y mucho menos resolver», subrayan.
En su comunicado recuerdan que «el Ayuntamiento tiene la obligación legal, no la opción, de actuar» cuando existen riesgos para la seguridad y la salubridad, y advierten de que no hacerlo supone «asumir una responsabilidad directa». Para el vecindario, el caso de Río Alzania «no es un hecho aislado», sino un ejemplo de un problema que se repite en otros barrios.
«No pedimos favores ni gestos de cara a la galería. Exigimos que el Ayuntamiento cumpla con la ley y con su deber de proteger a los vecinos», reclaman, insistiendo en que «la seguridad, la convivencia y la protección de nuestros hijos no son negociables».
Entre sus demandas figuran una inspección inmediata del local, la adopción de medidas cautelares urgentes y el restablecimiento efectivo de la legalidad. Aunque la comunidad ya ha acudido a la vía penal, advierte de que «la seguridad ciudadana no puede descargarse exclusivamente en los tribunales mientras la Administración permanece inmóvil».
