En Navarra no existen pisos sociales. Las subvenciones del Gobierno de Navarra al alquiler de Vivienda Protegida deberían suplir esa carencia. Pero los precios del alquiler son excesivamente altos, y, en una época fluctuante como la actual, no se toma en cuenta la situación económica presente de las familias que acceden a estos pisos. La Vivienda Protegida de alquiler está gestionada por empresas privadas que buscan su beneficio a toda costa, y el Gobierno de Navarra, que es el que subvenciona los alquileres, cierra los ojos y deja todo en sus manos.
Para poder entender la cruda realidad de las VPO de alquiler en nuestra comunidad, sería interesante poner sobre la mesa un ejemplo imaginario, para que la gente comprenda de forma gráfica la magnitud del problema. En base a los testimonios recogidos entre personas que viven o han vivido bajo esta modalidad de alquiler en Pamplona, hemos elaborado esta breve historia:
‘Una mujer de nombre ficticio, Marisa por ejemplo, se queda embarazada y tiene una hija. Es madre soltera. Decide irse a vivir junto a su chiquita a un piso de alquiler de VPO en Sarriguren. Marisa trabaja en una oficina y gana al año unos 18.000 euros, las doce mensualidades de mil y pico euros, más dos extras.
El primer año, con esos ingresos, no le corresponde ningún tipo de subvención. Además, se ha visto obligada a reunir 2.000 euros en concepto de aval y fianza, por lo que ha tenido que pedir prestado dinero a su familia. Paga a una empresa constructora 476 euros al mes por un piso de 66 metros cuadrados, de dos habitaciones y un baño, una plaza de garaje y un trastero. Si a eso le sumamos los 70 euros de comunidad y el mínimo que hay que pagar por el agua y la calefacción, el minipiso le sale a casi 600 euros de gastos fijos. A este dispendio habría que añadir los consumos de electricidad, de agua fría y caliente y de calefacción. De 1.200 euros que cobra al mes, debe apalancar casi 900 para poder dormir cálidamente bajo techo. Con los 300 euros restantes se las ingenia para vestir y calzar a su hija, comer, pagar la gasolina del coche, el colegio, etcétera. Hace encajes de bolillos para poder sobrevivir. Está cansada del piso. Hace ya un año que pidió a la promotora que le arreglaran las humedades del trastero y las del cuarto de la niña, y todavía no han hecho nada.
Pero ahí no acaban las penurias. Este mismo año la despiden del trabajo por una reestructuración. Con los 1.000 euros que cobra del desempleo tiene que afrontar los gastos mínimos para poder vivir alquilada. Para determinar si recibe subvención del Gobierno de Navarra, han tomado como referencia la Declaración de la Renta del año pasado, que era la de cuando aún trabajaba en la oficina. Y Marisa siente que no le alcanza. Se ha apretado el cinturón tanto, que casi le está ahogando el cuello. Le falta el aire. Deja de encender la calefacción, no consume apenas agua caliente, siempre está apagando las luces para que no se le dispare la factura de Iberdrola. Y le sigue sin alcanzar. De un lado y de otro, ha conseguido recortar 100 euros en gastos, pero es incapaz de sobrevivir con los 200 euros limpios que se le quedan tras pagar la casa. Afortunadamente para ella, al contrario de lo que les sucede a muchos emigrantes, disfruta de una familia cerca, que le echará un lazo al comprobar que no puede pagar sus facturas.
La crisis se ceba con ella. No consigue trabajo y en dos meses se le acabarán las prestaciones por desempleo. En las oficinas del antiguo INEM le han dicho que le corresponderá un subsidio de 426 euros durante dos años, ya que tiene una hija a su cargo. Se lo dicen como al que le dan una buena noticia. Marisa no puede conciliar el sueño. Se levanta entre sudores a las tres de la mañana, a las cuatro, a las cinco. Su hija no es consciente del hundimiento. Pronto tocará la revisión del piso. El año pasado ingresó 12.000 euros por las doce pagas de las prestaciones. Le corresponde un 50 por ciento de subvención. En resumen, va a tener que pagar 238 euros de alquiler, más los 70 euros de comunidad, y ese mínimo que hay que pagar por el agua caliente y la calefacción: 330 euros en total. La aritmética es sencilla: va a tener que sufragar la electricidad, el agua, la comida, los vestidos, los libros, la villavesa, el IBI, las derramas por las cucarachas del edificio… Todo, con tan sólo 96 euros al mes.
Naturalmente, comienzan los impagos. Ya no les puede sangrar más a sus padres, que tampoco andan muy boyantes con la pensión, y que tienen al hijo menor en casa. Habla con los servicios sociales. Le dan cita para dentro de unos meses. Empieza a acudir a Caritas a por alimentos, a escondidas. Deja de pagar la primera factura, la segunda, y llega la orden de deshaucio. La promotora privada no se lo piensa dos veces y la echa de la casa, sin miramientos. ¿Y a dónde voy a ir ahora?, se pregunta ella, mientras su hija duerme inconsciente de la que se avecina, bajo el edredón de Hello Kitty en la cama’.
Seguro que muchas de las personas que viven en alquiler de VPO se habrán visto reflejadas en algún punto de esta historia. La pendiente que conduce a la pobreza puede estar más cerca de lo que parece. Y el alquiler subvencionado, en muchos casos, en vez de paliar situaciones de desventaja económica, se convierte en una zancadilla más en esta caída libre. Así nos lo atestiguan diferentes testimonios recogidos en Sarriguren y la Comarca de Pamplona, que han servido como base para este relato.
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