Cifran las pérdidas adquisitivas en 1,2 millones de euros tras el recurso del Gobierno central del PP a la ley foral aprobada en marzo de 2011
Pamplona, 4 de mayo
Las centrales sindicales CCOO; CSI-F, LAB, y UGT en el ámbito de la Justicia han ofrecido este lunes una rueda de prensa para denunciar su situación de discriminación salarial.
En la misma han aprovechado para informar a los grupos parlamentarios y a la opinión pública sobre su situación laboral. Así, han denunciado con la "mayor contundencia las falsedades, mentiras, intolerable discriminación y ataque a sus condiciones laborales de las que está siendo objeto este colectivo de trabajadores públicos por parte del Gobierno de Navarra".
En la rueda de prensa además han anunciado "su decidido propósito de proceder de manera inmediata, si no se pone fin a esta situación, a la convocatoria de las jornadas de paro y movilizaciones que se decidan en las asambleas que se prevé convocar, en reivindicación de la devolución de los salarios que, tras haber sido consolidados en la nómina, nos fueron tan injustamente arrebatados hace ahora tres años".
Han recordado que en marzo de 2011 el Gobierno de Navarra promulgó una Ley Foral mediante la que, a su juicio, equiparaba a este colectivo, equiparándoles con el resto de trabajadores forales. Señalan que "los propios parlamentarios de UPN, partido que la impulsó, se congratularon públicamente de haber puesto fin a una injusticia que venía prolongándose desde hacía demasiado tiempo tal como consta en las hemerotecas".
Sin embargo, transcurrido casi un año de vigencia de la ley el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional algunos de sus apartados, una situación que critican "provechó el Gobierno de UPN para saquear nuestras nóminas y rebajarnos el sueldo que veníamos percibiendo desde su aprobación" lo que consideran una "decisión sin precedentes en la Administración foral" ya que "hasta entonces a ningún colectivo se le había tratado con tanta saña, detrayendo unos salarios consolidados desde hacía muchos meses como sucedió en este caso".
Las cuantías totales suponen un montante de 1,2 millones de euros, a razón de 400.000 por cada año transcurrido, aseguran, para criticar que "esta injusticia sufrida ha coincidido para mayor escarnio, y parece ser el signo de los tiempos que vivimos, con el incremento del 33% de sus retribuciones que se adjudicaron los miembros del Gobierno".
En este sentido, los trabajadores de Justicia se consideran "víctimas de un acto más de indecencia política y sufrido durante estos tres años todo tipo de burdas patrañas, mentiras y falacias". "En su descaro llegaron a requerir a la representación sindical la presentación de propuestas sobre como verificar la devolución, burlando la lealtad y buena fe que hemos mantenido durante este tiempo a la espera de la sentencia definitiva", han asegurado.
"La sentencia solo establece en materia retributiva que el sistema salarial debe ajustarse al establecido por la LOPJ para el personal de Justicia, marco normativo que permite a las Comunidades Autónomas, Navarra incluida, establecer sus propias cuantías, sin límite legal alguno en varios conceptos salariales, mecanismo que permite la recuperación del dinero expoliado y la asimilación retributiva con el resto de funcionarios mediante su traslación a esos conceptos de las cantidades que permitan dicha asimilación. Así ha ocurrido en todas Comunidades Autónomas transferidas, con la excepción de Navarra", han recordado.
En este sentido han insinuado la posibilidad de que" tras este trato discriminatorio e injusto que viene padeciendo el personal de Justicia se hallan las profundas desavenencias que existen en las relaciones entre el poder ejecutivo y judicial, al cual servimos, aunque en materia salarial dependamos de aquél, haciéndonos paganos de una situación de la que en absoluto somos responsables".
"Ni por el volumen de trabajo que soportamos, ni por la penosidad, complejidad, grado de preparación que exige y dificultad que entraña realizarlo merecemos el trato absolutamente discriminatorio que nos están dispensando", han finalizado para recordar que "si el Gobierno de Navarra, próximos a cumplirse 16 años desde la transferencia todavía no ha sido capaz de lograr nuestra pacífica inserción en la Administración Foral en similitud de condiciones retributivas y laborales que el resto de sus empleados, será cuestión de plantearse la misma, ante la situación insostenible a la que nos está abocando".
