Cuatro organizaciones de lucha contra el tabaquismo —Nofumadores.org, la Asociación por Afectados por Tabaquismo de Extremadura (ATAEX), la Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP) y Action on Smoking and Health (ASH)— han remitido una carta conjunta a FundeSalud, la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura, exigiéndole que retire su respaldo institucional a la "Jornada de divulgación sobre reducción de daño cardiovascular y tabaquismo", convocada para este miércoles 21 de mayo en la Casa de la Cultura de Talayuela (Cáceres).
Las entidades denuncian que el evento está organizado por la Cátedra de Investigación en Reducción de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Extremadura (CIRRCE), una cátedra creada con apoyo expreso de Philip Morris International (PMI), y que su financiación tabaquera vulnera el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, tratado suscrito por España en 2003. La jornada cuenta además con la colaboración de la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Talayuela, y ha sido difundida a través de canales del Servicio Extremeño de Salud.
"Conflicto fundamental e irreconciliable"
El artículo 5.3 del Convenio Marco obliga a los Estados firmantes a proteger sus políticas de salud pública frente a los intereses de la industria tabacalera. Sus directrices de aplicación, adoptadas por la Conferencia de las Partes de la OMS, establecen que existe un "conflicto fundamental e irreconciliable" entre los intereses del sector tabaquero y los de la salud pública.
"Resulta inadmisible que una fundación sanitaria pública preste su nombre a un evento financiado por la industria que más muertes evitables causa en el mundo", señaló Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org. "El artículo 5.3 no es una recomendación: es una obligación que las administraciones públicas tienen el deber reforzado de respetar".
Talayuela, localidad elegida como sede del evento, es una de las principales zonas productoras de tabaco de España, lo que las organizaciones denunciantes consideran un elemento que añade opacidad al conjunto de la iniciativa.
