MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Seguimiento de la implantación del Plan de Igualdad de las Cortes Generales ha quedado constituida formalmente en una reunión celebrada este jueves en el Congreso. Se trata de un órgano que trabajará para dar cumplimiento a las medidas de igualdad y conciliación del Parlamento.
De composición paritaria, esta Comisión está integrada por seis representantes de las Mesas del Congreso y del Senado y otros seis representantes del personal funcionario y laboral de ambas cámaras.
Así, del órgano de gobierno del Congreso forman parte las vicepresidentas segunda, Ana Pastor, del PP, y tercera, Gloria Elizo, de Unidas Podemos, mientras que el Senado está representada por los secretarios primero, Manuel Fajardo (PSOE), y segundo, Imanol Landa, del PNV.
También forman parte de este órgano las secretarias generales adjuntas para Asuntos Administrativos de ambas Cámaras que representan a la Administración parlamentaria y, por parte del personal de las Cortes Generales, la Junta de Personal ha designado a cuatro personas como miembros de la Comisión y los Comités de Empresa de cada Cámara, a una persona cada uno de ellos.
I PLAN DE IGUALDAD
El I Plan de General de Igualdad de las Cortes Generales incluye medidas contra el acoso sexual y laboral, favorables a la conciliación, la potenciación del denominado ‘liderazgo femenino’ y la utilización del lenguaje inclusivo, entre otros aspectos.
Este plan fue redactado por una comisión paritaria de las dos Cámaras a partir del diagnóstico que realizó la empresa ‘Concilia2’ en 2018 y acordado en vísperas del Día Internacional de la Mujer del año pasado. Eso sí, la Mesa del Congreso llevaba tratando la necesidad de un Plan de Igualdad desde el año 2017, una década después de que se aprobara la ley que obliga a las empresas españolas a aplicarlo.
Las medidas contempladas en el mismo se aplican al personal funcionario de las Cortes Generales, al personal laboral del Congreso y del Senado, así como al personal eventual de ambas Cámaras en tanto no se oponga a la naturaleza de sus funciones, y tendrá una vigencia de cuatro años.
