Sustituirá el decreto franquista de disciplina académica por una ley de convivencia universitaria
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha adelantado este jueves que la semana que viene iniciará la ronda de contacto con todos los grupos parlamentarios para abordar la nueva Ley de universidades, que tendrá carácter orgánico, y a la que el propio ministro ya ha puesto nombre: la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).
Castells ha comparecido este jueves en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso para dar cuenta, a petición propia, de los objetivos del Departamento que dirige para este año 2021, así como para hablar de otros asuntos a petición del PP y de Vox.
Entre las iniciativas en las que está trabajando el Ministerio, destaca la nueva Ley de universidades –a partir de ahora, la LOSU–, que «superará» la actual Ley Orgánica de Universidades de 2001, un texto para cuya redacción el ministro ha pedido colaboración.
«No queremos que sean nuestras ideas solo, tenemos ideas de sobra, pero no es nuestra política, nuestra política es la interacción entre lo que nosotros pensamos y lo que la comunidad universitaria y el conjunto de la universidad española y sus representantes políticos piensan», ha señalado durante su intervención.
Por este motivo, ha anunciado que desde el Ministerio se llevará a cabo «una gran operación de consulta previa» con todos los representantes y agentes en la elaboración de una propuesta de Ley. «No vamos a proponer un texto, vamos a proponer una serie de fichas para cada uno de los bloques para reunirnos presencialmente, y que de estas reuniones vayan saliendo propuestas, ideas, contrastes, pareceres conjuntos; quiero que lo hagamos juntos como sociedad española, lleguemos hasta donde podamos», ha dicho.
Según ha explicado, la base del proyecto de Ley de la LOSU girará en torno a cinco bloques: gobernanza y estructura organizativa de las universidades; Estatuto del Personal Docente e Investigador, en el que el Ministerio lleva trabajando 8 meses, debatiendo y consultando con los agentes sociales, y que se incorporará a la LOSU; investigación y transferencia de conocimiento; financiación; y Estatuto de los Estudiantes.
PROCESO DE CONSULTA
El ministro ha comentado que desde hace unas tres semanas se ha comenzado con las consultas a la comunidad universitaria, es decir, con grupos de profesores, estudiantes y Personal de Administración y Servicios (PAS), a los que se ha consultado a través de grupos de discusión, encuestas, foros y entrevistas en profundidad.
Mientras continúa el Ministerio con este tipo de consultas, se abrirá en paralelo la consulta con actores institucionales, es decir, la Crue (los rectores) y agentes sociales, si bien Castells ha reconocido que quiere también una «consulta en profundidad con los grupos parlamentarios». «A partir de la semana que viene me voy a reunir personalmente con cada grupo parlamentario, vamos a hablar, ustedes me van a decir qué quieren que yo haga, no quiero empezar a redactar ni a decidir antes de haberles escuchado a todos reiteradamente», ha afirmado el ministro.
Con todo ello, según ha asegurado, el ministro espera que «a principios de verano» el Ministerio pueda tener redactado un anteproyecto de ley con la «esperanza» de que sea llevado al Consejo de Ministros «antes de que acabe 2021» para así iniciar su tramitación parlamentaria a lo largo de 2022.
«Tengo la esperanza de que en este país podemos todavía dialogar democráticamente; si no podemos ponernos de acuerdo sobre la universidad, ¿sobre qué podemos ponernos de acuerdo?», ha concluido el ministro.
DECRETO FRANQUISTA
Por otro lado, Castells ha hablado de otra futura ley. Se trata, en este caso, de «un proyecto de ley de convivencia universitaria», para lo cual también se han iniciado las consultas con el Consejo Estatal de Estudiantes, la CREUP y la Crue.
Esta ley sustituirá el ‘Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional’, reglamento disciplinario universitario aún vigente firmado en 1954 por Franco, que sanciona manifestaciones contra la Iglesia o «palabras indecorosas».
«Es un reglamento, por tanto, anticonstitucional», ha añadido el ministro, que no obstante, ha lamentado que se trata del «único instrumento que tienen las universidades en este momento» sobre el tema. Aunque ha recordado que su intención inicial era derogarlo, ha dicho que la intención ahora es sustituirlo por una ley «en consonancia con los valores democráticos», así como con los «principios constitucionales».
