Según un comunicado, en este módulo una cuarta parte de los internos están destinados a cocinas, lo que implica que tienen movilidad dentro de la prisión y que «deberían tener un control más riguroso sobre entradas y salidas».
El sindicato ha asegurado que «la Secretaría de Medidas Penales y la propia dirección del centro se niegan a realizar a los funcionarios las pruebas PCR aludiendo que no son contacto estrecho ni directo con los internos».
Han sostenido que «la dirección de este centro se ha comportado de manera negligente desde el principio de la pandemia, hasta el punto de ser el centro, a nivel nacional, que más casos ha tenido de coronavirus, tanto a nivel de internos como de funcionarios».
Desde marzo de 2020, CSIF ha solicitado la revisión de todas las decisiones tomadas por la dirección del centro, han presentado denuncias ante Inspección de Trabajo y han registrado escritos dirigidos al Departamento de Justicia y a la Secretaría de Medidas Penales.
