La Fiscalía General del Estado ha dado traslado al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional un escrito enviado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en el que denunciaban que los monjes benedictinos del Valle de los Caídos residen allí desde octubre «de forma ilegal».
La ARMH presentó una denuncia ante la Fiscalía, el pasado 4 de febrero, en la que aportaba información sobre «el fin de la vigencia del convenio que rige la estancia de los monjes benedictinos en el Valle de los Caídos».
Según indica, en octubre de 2015 se aprobó una nueva Ley de Régimen Jurídico del Estado, que entró en vigor un año después y que «señalaba la fecha del 2 de octubre de 2020 como fecha límite para que se extinguieran de forma automática todos aquellos convenios que no hubieran sido renovados por el Estado desde su entrada en vigor».
«Y como Patrimonio Nacional no ha creado un nuevo convenio, los monjes llevan residiendo en el Valle de manera ilegal desde hace casi cinco meses», aseguran desde la Asociación.
La Fiscalía General del Estado ha comunicado a la ARMH que ha recibido su escrito, le agradece la información remitida e indica que «se da traslado al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, al considerar que este organismo tiene las competencias para ejercer, en su caso, las acciones legales y administrativas que se entiendan procedentes conforme a Derecho».
El presidente de la ARMH, Emilio Silva, ha lamentado que «la Fiscalía no ha querido ejercer un proceso pese a la ilegalidad manifiesta y la obligación que tiene de velar por la legalidad» que, a su juicio, «está siendo clara y notoriamente vulnerada por los monjes y por el Gobierno que no los expulsa del Valle».
«Nosotros ya remitimos a la vicepresidenta Carmen Calvo la documentación por registro oficial y no fuimos a la Fiscalía para que actúe como un servicio de mensajería, sino para que persiga el incumplimiento de la ley», ha criticado Silva.
Por su parte, fuentes gubernamentales precisaron a Europa Press que la razón esgrimida por la asociación no es correcta y que la futura Ley de Memoria Democrática, que está pendiente de volver al Consejo de Ministros para después enviarla al Congreso, regula la presencia de los monjes en el Valle de los Caídos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el pasado mes de septiembre que se va a «resignificar el Valle de los Caídos» para convertirlo en un cementerio civil y que la fundación de los benedictinos presente en el Valle «se extinguirá automáticamente» porque «ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática».
