Dice que le imputa seis delitos por ejercer la libertad de expresión mientras defiende despenalizar delitos para proteger este derecho
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El vecino acusado de ser el «instigador» de las protestas frente a la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha instado al líder de Podemos a que retire la querella que interpuso contra él después de que afirmara que el rapero Pablo Rivadulla, como Pablo Hasel, iba a ingresar en prisión por «un delito de opinión». Este particular defiende que él también estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión ante las puertas de la casa del secretario general de la formación ‘morada’.
La defensa Miguel Ángel Frontera ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) en el que pide a Iglesias que retire su acusación, ya que se ha mostrado partidario de despenalizar varios delitos con el fin de proteger la libertad de expresión.
Esta postura contrasta con la acusación que se mantiene contra Frontera, subraya el escrito, ya que se le imputan delitos que pueden conllevar hasta «ocho años de prisión» por «ejercer su derecho a la libertad de expresión» al protestar ante la vivienda de Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia del coronavirus.
DESPENALIZACIÓN DE DELITOS
La defensa sostiene su petición en que el «denunciante» ha llevado a cabo actos «tendentes a despenalizar los delitos de injurias a la Corona e instituciones del Estado, despenalizar los delitos contra los sentimientos religiosos o despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, por (según él), poner en riesgo la libertad de expresión».
Así hace referencia a la proposición de ley presentada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para despenalizar estos delitos recogidos en el Código Penal con el objetivo de reforzar la libertad de expresión.
Todo ello, «en vista de la insistencia del denunciante para que una persona (Pablo Hasel) con antecedentes por agresión, allanamiento y resistencia no acuda a prisión por ensalzar los crímenes de un grupo terrorista», añade la defensa del vecino querellado.
En este sentido, el escrito recoge el tuit que Pablo Iglesias publicó el 29 de enero tras conocer que la Audiencia Nacional daba 10 días al rapero para que ingresara en prisión para cumplir la condena de nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.
«Opino que en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión. Hay otros mecanismos jurídicos para proteger el honor, la integridad o el prestigio. Que Hasel vaya a la cárcel, pienso que generará la sensación de que la ley no siempre es igual para todos», reza el mensaje de Iglesias publicado en la red social.
ORDEN DE ALEJAMIENTO
El pasado mes de diciembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba impuso a Miguel Ángel Frontera una orden de alejamiento de 500 metros del domicilio o lugar de trabajo de Iglesias y Montero y prohibición de comunicarse con ellos por cualquier canal, al aceptar la petición formulada por la Fiscalía de Madrid y de la defensa de los líderes de la formación ‘morada’.
Una decisión que el magistrado acordó tras escuchar al investigado, que explicó que las protestas frente a la vivienda en Galapagar (Madrid) de Iglesias y Montero fueron motivadas por la gestión del Ejecutivo de la crisis sanitaria de la covid-19, según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press.
También declararon Iglesias y Montero quienes afirmaron que sentían «miedo» de las protestas ante su casa y que las «rutinas» de sueño de sus hijos e incluso sus propios modos de vida se han visto alterados, apuntaron las mismas fuentes consultadas. Sus abogados solicitaron que la orden de alejamiento fuera de tres kilómetros.
La querella se presentó el pasado mes de julio por los presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
«GRAVE ALTERACIÓN» DE LA VIDA COTIDIANA
El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, explica que la conducta de Frontera se ha sucedido «a diario» al menos desde el pasado 15 de mayo, «hostigando y profiriendo improperios como llamarle ‘garrapata’ o términos de índole similar», todo lo cual le produce una «grave alteración» de su vida cotidiana y de la de su familia.
Asimismo, hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil.
También destaca otras actuaciones del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que, a juicio del vicepresidente segundo del Gobierno, supone un «impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad».
«Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución», afirman los abogados de Iglesias, que opinan que la conducta de Frontera «no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia», concluye la querella.
