La mayoría de grupos mantienen enmiendas vivas para debatir en la siguiente fase de la tramitación
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Igualdad el Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley de medidas urgentes para víctimas de violencia de género, texto que procede del decreto ley sobre esta materia que el Ejecutivo aprobó durante el estado de alarma. Pasado este trámite, volverá a ser debatido y votado en el Pleno de la Cámara alta.
A pesar de la unanimidad que consta en las actas del Senado, este proyecto de ley ha superado en la sesión de este jueves una enmienda de veto de Vox. Sin embargo, la senadora que ha defendido esta iniciativa, Yolanda Merelo, no ha podido participar en la votación al no ser la portavoz de su formación en dicho órgano.
Merelo ha denunciado la «protección selectiva» que, a su juicio, recoge esta norma del Gobierno y ha señalado que la protección debe «ir dirigida a todo quien lo necesita», independientemente de su edad, sexo y otras características. Esta a postura de Vox ha sido rechazada por el resto de formaciones presentes en el debate.
Durante la sesión, los grupos parlamentarios han defendido las más de 90 enmiendas presentadas a este texto y que, en su mayoría se mantienen vivas y volverán a ser debatidas en el Pleno de la Cámara, ya que no han sido aceptadas.
TRABAJADORES EN EL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN
Así ha pasado con las propuestas del PP que buscaban incluir a los trabajadores se servicios de atención a las víctimas de esta lacra en los protocolos de vacunación. Además, presentaron un bloque de iniciativas específicas sobre la problemática de las mujeres con discapacidad y que, según ha indicado su portavoz de Igualdad, Patricia Rodríguez, son reclamaciones realizadas desde Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Mujeres.
También el portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Confederal en esta comisión, el senador de Geroa Bai Joseba Martínez, se ha referido a estas iniciativas de CERMI Mujeres, que ellos también han recogido; mientras que su homóloga del grupo Nacionalista, la senadora de Junts María Teresa Rivero, ha lamentado que no se aceptaran sus peticiones para cambiar la terminología del texto y pasar de violencia de género a violencias machistas.
En este mismo sentido, en el cambio del lenguaje, van las enmiendas que el PNV va a mantener vivas para el Pleno, tal y como ha explicado su portavoz en el debate, María Dolores Etxano. Además, el grupo formado por ERC y EH Bildu, a través de la senadora catalana Elisenda Pérez, han llamado al resto de miembros de la comisión a ser «valientes» y afrontar en este debate también la necesidad de «legislar para todas las mujeres», sin «dar la espalda» a colectivos como el de las personas trans.
Ciudadanos ha sido el único grupo que no ha registrado enmiendas a este texto ya que, según ha explicado su portavoz en el órgano, Carlota Santiago, todas sus reclamaciones fueron aceptadas en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso. Todas ellas, ha indicado, tenían que ver con la protección de las mujeres con especial vulnerabilidad, ya fuera por vivir en el rural, por su etnia o por discapacidad, entre otras circunstancias.
ALEGACIONES DEL PSOE
La representante socialista en este debate, Ana María Agudiez, ha defendido el rechazo a varias enmiendas señalando que el texto que llegó de la Cámara baja ya venía «altamente consensuado» con los grupos. En este sentido, se ha referido al artículo primero de la norma que, según ha explicado, «se transaccionó» con los partidos en el Congreso y en su redactado ya se recogen las medidas sobre accesibilidad, interseccionalidad o factores de riesgo, que ahora reclaman los grupos en el Senado.
En cuanto a las peticiones de cambio en la terminología, la socialista señala que, en la actualidad, no hay legislación internacional o nacional con esa nomenglatura y, por tanto, se esté de acuerdo o no, «no se puede acuñar en un texto legislativo» usando otros términos que no sean violencia de género.
Finalmente, ha apuntado que el hecho de no incluir la enmienda que pide que los trabajadores de los servicios que trabajan con las víctimas de esta lacra entren en el protocolo de vacunación se debe a que no es una competencia estatal.
