En el registro de un piso que explotó se encontró un manual de ETA y cartas firmadas por ‘Anboto’
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de pena a 27 años de prisión al que fuera dirigente de ETA Gorka Palacios Alday al considerar que hay «pruebas suficientes» para acreditar que formó parte del denominado ‘comando Larrano’.
El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Concepción Espejel, ha juzgado este jueves a Palacios, quien ha seguido la vista oral desde una sala acristalada y se ha acogido a su derecho a no declarar.
Tras escuchar a los testigos y peritos, casi todos ellos agentes de la Policía Nacional y de la Ertzainta que llevaron a cabo la investigación sobre Palacios tras la explosión de una vivienda que éste tenía alquilada en Durango (Vizcaya) en julio de 1997, la representante del Ministerio Público ha elevado a definitivas su escrito de acusación.
Así, mantiene su petición de 27 años de cárcel para el exdirigente de ETA por los presuntos delitos de pertenencia a banda armada, un delito de estragos terroristas y otro de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos.
PREPARACIÓN DE ACCIONES TERRORISTAS DESDE LA VIVIENDA ALQUILADA
El escrito de acusación del Ministerio Público explica que Palacios alquiló en julio de 1997 un piso en Durango, en el que preparó «diversas acciones» terroristas junto a otros dos miembros del ‘comando Larrano’, Oier Eguidazu –quien no ha sido aún juzgado por estos hechos al estar pendiente de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)– y Leyre Martínez Pérez –ya condenada por estos hechos–, «ocultando en el piso armas y explosivos».
La Policía registró dos viviendas después de que una de ellas explotara el 17 de julio de 1997, lo que, según dice el escrito, provocó la huida de los integrantes del comando. Los agentes encontraron 30 bolsas de explosivo amonal, una lapa-bomba, cuatro granadas de 80 milímetros, nueve granadas de 40 milímetros, detonadores, temporizadores, varios cilindros de explosivos y cloratita, indica el Ministerio Público.
La fiscal ha afirmado durante su informe final que las pruebas practicadas durante el juicio han permitido acreditar que en dicho periodo temporal Gorka Palacios «pertenecía al ‘comando Larrano’ y que ocupaba el piso donde ocultaba explosivos que iban a ser utilizados en atentados».
Se ha apoyado en lo manifestado por los testigos, entre ellos el instructor y secretario de los atestados de la Ertzaintza que acudieron al piso que explotó y que han asegurado que en dicho domicilio se encontró no sólo material explosivo, sino documentación relacionada con la banda terrorista ETA.
CARTA DE ‘ANBOTO’
Entre dicha documentación se halló un manual de ETA y «cuatro» cartas firmadas por la que fuera jefa de ‘comandos legales’ Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, en las que daba instrucciones al ‘comando Larrano’, han concretado los investigadores. El Tribunal Supremo recientemente ha confirmado una condena a 122 años de prisión contra ella, rechazando el argumento de que no era la persona que se identificaba bajo este alias.
Otro de los testigos en este juicio ha sido el propietario del piso que explotó, quien no ha recordado a quien alquiló la vivienda y si hizo un contrato de arrendamiento, algo que contrasta con lo que ya declaró anteriormente en sede judicial.
El contrato de alquiler apareció en la vivienda de los padres de Palacios, ha recordado la fiscal, que, a su vez, ha retirado la solicitud de indemnización para el propietario del piso, ya que éste ha afirmado que no reclama nada.
Asimismo, la representante de la acusación pública ha apuntado que los investigadores tomaron declaración a los padres del acusado y que estos confirmaron que Palacios se iba a mudar con su novia a la vivienda que explotó, por lo que mientras vivían en otra casa alquilada, donde, además, se hallaron más sustancias explosivos.
La pareja de Palacios, Irantzu Zabala Bilbao –que fue detenida tras la explosión– también ha comparecido como testigo en este juicio, si bien se ha negado a declarar contra Palacios, conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dispensa de la obligación de declarar a parientes del procesado, cónyuge o personas unidas por relación de hecho.
Para el Ministerio Público, ello no impide tener en cuenta lo que dijo Zabala Bilbao en dependencias policiales, ya que los policías que le tomaron declaración han comparecido también en la vista oral. Estos testigos han destacado que la pareja del exdirigente de ETA admitió que había alquilado el piso y que le fue intervenido un juego de llaves que correspondía con la vivienda que explotó.
UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA
Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del ‘comando Madrid’, por el que se le atribuyeron diversos atentados.
En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.
Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.
