Representantes de la plantilla de Cabelte – Incasa denuncian en el Parlamento la deslocalización de la planta de Egüés

Los sindicatos han recordado que “los partidos políticos tienen la obligación de actuar ante las tropelías de multinacionales que deslocalizan sus centros de trabajo después de haberse aprovechado de ayudas fiscales e industriales”. Cabelte Incasa, ubicada en Egües, cuenta con 81 trabajadores y trabajadoras y su Comité de Empresa está compuesto por 5 delegados de ELA

Los trabajadores de Cabelte-Incasa han acudido este jueves al Parlamento de Navarra donde en comisión parlamentaria han denunciado la situación complicada que se vive en la planta de Egüés.

Han recordado que Cabelte Incasa es una empresa que se dedica a la fabricación de cables conductores eléctricos y apuntan que “el objetivo del cierre de la planta de Egües es asumir esa carga de trabajo en otras plantas de la multinacional”.

“Se trata por tanto de un claro proceso de deslocalización a costa de ejecutar despidos en Navarra. Las decisiones tomadas por el Grupo, para evitar las consecuencias de una sanción del Tribunal de la Competencia y las posibles reclamaciones por daños y perjuicios, nos sitúan de cortafuegos del propio Grupo Cabelte Portugal”, han dicho los miembros del comité de empresa que han denunciado “la deslocalización que supone el cierre de la planta de Egües, ya que que es una situación provocada por el propio Holding Cabelte, que en los últimos años apostó por realizar inversiones de más de 17 M€ en Portugal y no en su planta de Egüés”.

En este sentido recuerdan que han mantenido reuniones con la directora general de política económica, empresarial y trabajo del Gobierno de navarra, Izaskun Goñi, a la que le pedimos su implicación directa con el Grupo Cabelte. Como resultado de estas reuniones se realizó una reunión entre Izaskun Goñi, Javier Zubicoa y Manu Ayerdi con la dirección del grupo Cabelte.

“Nos resistimos a aceptar que lo máximo que se pueda realizar desde este Departamento sea una reunión con la empresa, siendo su resultado a todas luces infructuoso, ya que el grupo Cabelte se siguió manteniendo en su postura de deslocalizar la empresa a sus instalaciones de Portugal” y recuerdan que también mantuvieron una reunión con el alcalde del Valle de Egüés de la que dio a luz una moción de apoyo y su interpelación directa a la gerencia de Egües.

A todos ellos les trasladaron “como el Grupo Cabelte estaba deslocalizando desde el año 2012 la capacidad organizativa a sus sedes de Portugal, dejando sin capacidad de decisión a Egües en áreas de comercialización, ventas, compras, producción,….” y añaden que “con todo esto el día 5 de diciembre, en vez de cerrar el primer ERE (que planteaba 24 despidos), nos encontramos con que la empresa traslada la necesidad de abandonar la actividad productiva, lo que en la práctica supone despedir a los actuales 81 trabajadores y trabajadoras.

Por todo esto ha insistido en que se ven “en la obligación de redoblar nuestros esfuerzos y defender el mantenimiento de la actividad productiva en Egüés, haciendo un llamamiento a la implicación directa de los partidos políticos con representación en el Parlamento para la búsqueda de soluciones ante esta deslocalización salvaje que deja en la calle a 81 familias”.

“No es de justicia que cueste tan poco y resulte tan fácil terminar con el sustento de 81 familias, pareciendo que el impulso político y legal solo se preocupen de garantizar la viabilidad de las empresas, abandonando a su suerte a los y las trabajadoras que tantos beneficios han reportado a la multinacional”, han recordado y consideran que “los partidos políticos no se pueden limitar a la realización de una moción de apoyo/solidaridad por la situación por la que pasan en este caso trabajadores y trabajadoras de la planta de Cabelte Incasa”.

“La clase política está obligada a actuar y legislar para proteger a la sociedad y a la clase trabajadora de las tropelías de multinacionales, que deslocalizan sus centros de trabajo después de haberse aprovechado de ayudas fiscales e industriales que los sucesivos gobiernos de Navarra han puesto a su disposición”, insisten y recuerdan que “es hora de ser responsables con las funciones que sustentan y actuar y legislar para que situaciones como las vividas en Cabelte, Miasa, TRW, cousin freres, Koxka,… no les salga gratis a las empresas”.

“Les pedimos a todos que se dejen de escusas y actúen de una forma decidida, evitando de esta manera la desafección que genera ver como nadie pone freno a estas tropelías y como las normas que salen del parlamento solo se preocupan del desarrollo industrial y se olvidan de dar protección a los que después de entregar su vida laboral a una empresa se ve en la calle sin cobertura alguna”, han finalizado.

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