¿Qué intereses deben defender las instituciones públicas?

Artículo de opinión de Somos Valle de Egüés sobre el PSIS de Salesianos:

¿Qué intereses deben defender las instituciones públicas?

El PSIS de Salesianos es un perfecto ejemplo de lo que puede pasar cuando se utiliza el Convenio como modo de gestión urbanística, eludiendo otras herramientas de gestión recogidas por la ley mucho más equilibradas y favorables para los intereses generales de una comunidad.

El Convenio por lo general es una fórmula que acaba beneficiando más los intereses de la parte privada, aun así deberían y pueden hacerse en base a intereses generales.

Pongamos un ejemplo. No es lo mismo hacer un Convenio con el vecindario de un barrio vulnerable o degradado para favorecer su regeneración y revitalización en el que se dan mayores prebendas (ayudas directas, préstamos cualificados, asesoramiento) de las habituales por parte de la administración a sus moradores para que promuevan las obras de rehabilitación, actuaciones que van a ir en beneficio de una comunidad mayor y que van a evitar mayores problemas futuros, que hacer un Convenio del tipo que se ha hecho con una Institución como Salesianos para trasladar de ubicación una dotación privada en favor de una enseñanza no pública que depende por supuesto, y parece que así seguirá siendo, del esfuerzo que las arcas públicas hagan por mantenerla.

¿Es sostenible esta operación? ¿Realmente hay un equilibrio entre los ámbitos económico, social y ambiental? Cuando se hacen tasaciones y valoraciones de una operación urbanística no se tienen en cuenta aun en nuestro entorno el impacto ambiental que dicha operación conlleva. ¿Qué medidas o estrategias para contrarrestar el impacto en la huella ecológica necesitarían haberse incluido en la operación para: reducción de emisiones de CO2, reducción de la demanda energética, reducción y gestión de residuos, respeto y cuidado del ciclo del agua, etc.? No sabremos si contrarrestar ese valor de coste hubiera supuesto tal indemnización económica (37-44 millones de euros) por el hecho de no llevar a cabo, tal y como está prevista, la operación urbanística del PSIS de Salesianos, ni si incluso hubiera servido para invalidar el convenio firmado pocos días antes de las elecciones autonómicas.

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